El TSJA abre una investigación al consejero de Economía de Díaz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigará a un consejero del Gobierno andaluz de Susana Díaz: el titular de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. Y lo hará por su presunta implicación en la contratación irregular de un edificio por parte de la Universidad de Sevilla (US) cuando era vicerrector de Infraestucturas de esa institución educativa.

La Sala Civil y Penal del Alto Tribunal autonómico ha incoado diligencias previas en línea con la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía, que consideró que el consejero podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Para el TSJA, los informes policiales y la documentación recabada hasta ahora sobre un caso que arrancó con una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla, «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación» que realizó la Universidad en torno al Centro de Transferencia de Resultados de Investigación (Centrius). Y añade que se podría «haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros», para armar una construcción de 25.800 metros cuadrados, presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos, según consta en la denuncia originaria. Un relato de hechos, que «de comprobarse cierto, podría resultar imputable» al titular de Economía en su etapa de vicerrector de Infraestructuras de la US «como firmante de las resoluciones», asevera el TSJA.

En un auto fechado el 12 de abril y consultado por LA RAZÓN, se expone que un estudio de arquitectura en concreto fue adjudicatario, «por vía directa o indirecta, del proyecto básico –por 69.484 euros–, de un estudio preliminar de instalaciones –por el que se pagó la misma cantidad–, del proyecto de ejecución –que costó al menos 500.000 más IVA–, y de la dirección de obra –108.170 euros–». El global se elevó por tanto a los 747.138 euros, una cuantía considerable, pese a lo que, «arquitectos ajenos» al estudio seleccionado no tuvieron «posibilidad alguna de concurrir a dichas adjudicaciones», subraya la Sala. A ello suma que no puede descartarse que las polémicas asignaciones hubiesen sido «decididas de antemano como un conjunto». Considera el TSJA que tampoco puede desecharse la posibilidad de que la adjudicación del proyecto básico o del estudio preliminar de edificio «fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente ‘procedimiento negociado sin publicidad’, formalmente correcto en función de la cuantía del contrato», pero «acaso inexistente». ¿Por qué no puede eliminarse esa opción? El examen de las tres propuestas presentadas permite sospechar, según apunta el TSJA, que «las dos no elegidas lo fueron sólo para dotar de contenido al expediente», y que incluso una «pudiera ser falseada», al haber manifestado una de las proponentes que «no presentó ninguna oferta» y que no es la autora de una firma que «se parece a la suya».

Tampoco da por cierto el Alto Tribunal, entre otras cuestiones, que el estudio adjudicatario comenzara «la confección del proyecto de ejecución» antes de la rúbrica de los contratos de la Universidad con la empresa FCC –la adjudicataria de las obras–, ni de ésta con el estudio de arquitectura. Ello porque «el mismo día de la firma de ambos –el 15 de septiembre de 2009–» se presentó un escrito de los responsables del estudio en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla que podría indicar lo contrario.

Respecto a la dirección de la obra, «se acordó por ‘adjudicación directa’», asevera la Sala Civil y Penal, que sostiene también en su resolución que «los hechos, en caso de ser confirmados, podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados». En ese escenario a desentrañar, «el hecho de que todas las resoluciones» fueran dictadas por Ramírez de Arellano por tener competencia para ello, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras, conduce a «dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar», se expone en un auto en el que se recuerda la presunción de inocencia que tiene el consejero señalado.

Tras conocerse la decisión del TSJA se produjeron reacciones políticas y el foco recayó sobre Ciudadanos (C’s), partido que posibilitó la investidura de Díaz tras 80 días de bloqueo, y en saber si la noticia provocaría arrugas en la planicie de entendimiento que la formación naranja mantiene desde entonces con el PSOE-A. Fuentes de C’s aseguraron a LA RAZÓN que exigirán «el cese» de Ramírez de Arellano «en el momento en el que se le acuse formalmente de un delito y lo llamen a declarar», en cumplimiento del pacto anticorrupción que suscribieron ambos partidos.

De momento, adelantaron a este periódico que «ya le han pedido explicaciones» a los socialistas sobre este asunto, a quienes han dejado claro que «no les temblará el pulso» en caso de que a lo largo de la investigación judicial cuaje una acusación de algún delito de corrupción. Con todo, las mismas fuentes quisieron marcar distancia entre el caso de Ramírez de Arellano y otros como el que afronta el popular José Torres Hurtado, que le costó ayer la Alcaldía de Granada. «No son comparables», defendieron, para matizar que cuando se produjo la cadena de actos que analiza el Alto Tribunal andaluz, «el consejero no ostentaba ningún cargo político». Pese a ello, permanecerán atentos a cómo evoluciona la investigación en torno al titular de Economía que, afirmaron, «no les ha sorprendido». Tampoco parece haber removido al Gobierno autonómico, que valoró el paso del TSJA como un «trámite que entra dentro de la normalidad» judicial, tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público.

Fuentes de la Junta trasladaron a Ep la necesidad de «respetar los tiempos judiciales» y quisieron poner el acento en que tanto el propio Arellano como la Universidad de Sevilla han dado ya «todas las explicaciones» posibles acerca de un «asunto de la época en que era vicerrector» y que es una «disputa administrativa» entre el Colegio de Arquitectos y la US.