El TSJA alerta de la «mala gestión» y el fallo en «los controles» de la corrupción

El Alto Tribunal exige más «transparencia» y «contrapesos en las administraciones»

cen haberse instalado en el día a día de la agenda judicial», sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Memoria de 2012. «En los últimos años han sido muchos los casos que han salido a la luz pública y que, debido además a la grave crisis que atravesamos, escandalizan aún más a la sociedad», continúa, añadiendo que «parece que la Justicia se ha convertido en el último muro de contención para salvaguardar el sistema democrático», sostiene el Alto Tribunal andaluz.

«Resulta obvio que ha existido mala gestión de los recursos públicos y que han fallado los controles; no ha fallado tanto la legislación como su aplicación, por lo que es básico apelar al trabajo de policías y jueces», dice el TSJA. En este punto, alude a la necesidad de procesos más rápidos, para que no quede la sensación social de «impunidad». No obstante, el TSJA considera que la justicia sólo «no es suficiente para acabar con la corrupción y las medidas penales deberán verse acompañadas y precedidas por otros muchos y diversificados mecanismos de buena gestión y control en distintas instancias, sobre todo en el ámbito administrativo». «Sería necesario que esas medidas tendieran al fomento de la transparencia y la introducción de mecanismos de control, pesos y contrapesos, dentro de las instituciones», recomienda.

Se citan casos como la «operación Poniente», Bahía Competitiva y Rilco-Zona Franca en Cádiz; causas con los dos ex alcaldes de Jerez; en Algeciras hay 17 causas con políticos implicados (y otras muchas de delitos contra la salud pública); la «operación Fénix» en Córdoba (más el caso de los niños Ruth y José); el «caso Alhambra» en Granada; el fraude de los carnés de conducir en Huelva; Málaga, con Ballena Blanca, Minutas, Troya, Nilo, y Malaya («el caso de corrupción más grande celebrado nunca en España»), 55 macrocausas sólo en Marbella, Estepona, el «caso Astapa»... Y en Sevilla: los ERE, Mercasevilla, el «caso Lopera y Oliver», e Invercaria. Las macrocausas «parecen haberse instalado en el día a día de la agenda judicial». «Es básico salvar la muchas veces exasperante lentitud», dice.

Durante 2012, «apenas ha variado el volumen global de registro (un 0,4% en relación con 2011)», lo que supone «un alto porcentaje de litigiosidad, en concreto 1.916.065 asuntos registrados. La jurisdicción contencioso-administrativa ha tenido un 25% menos de volumen de ingreso de asuntos. La jurisdicción civil y penal se mantienen con un ligero ascenso. En lo social sube un 5%. Los procedimientos penales suponen más del 77% del total, que se corresponde con tres cuartas partes de los asuntos registrados, «evidenciando –según la memoria– que la reforma de esta jurisdicción sigue siendo una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador». Lo social supone un 4% de los casos; lo contecioso administrativo, un 2%; y lo civil un 17%. «Seguimos con una tasa de ingresos demasiado elevada», recoge el informe, que «no se puede asumir como una cifra razonable y sostenible». La tasa de litigiosidad está en 226,5 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes. La tasa de resolución es del 1,01, lo que indica un «nivel de productividad bueno». «El problema lo constituye nuestra tasa de congestión», por lo que «la valoración final no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes con la actual planta judicial». «Las dilaciones indebidas suponen un empobrecimiento democrático incuestionable», admite el TSJA. «No ha comenzado la real modernización y transformación radical de la Justicia ni se han recogido, mínimamente, las demandas» de memorias anteriores.

El TSJA se hace eco del descontento en el gremio judicial y pide «mayor receptividad y sensibilidad en la mayoría política». «Es imprescindible afrontar de forma decidida un auténtico cambio estructural de nuestro sistema judicial y que sepamos, a ciencia cierta, el modelo futuro de la Administración de Justicia en España».