El TSJA decidirá si hay oposiciones a profesores

La Asociación Nacional de Interinos exige la anulación de los exámenes para incorporar a 2.000 docentes

«Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado». Así reza el principio de Arquímedes, una breve definición que encaja con lo que sucederá en la próxima convocatoria de oposiciones de profesores en Andalucía. Eso sí, en lugar de desplazar fluidos, quienes ingresen en el cuerpo docente tras los exámenes del próximo verano desplazarán a otros compañeros. El proceso supondrá el despido para miles de interinos, sin importar los años que acumulen pisando las aulas públicas. Para evitarlo, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) ha impugnado la convocatoria ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya había anunciado y oficializó ayer. Su presidente, Manuel Martos, lidera una iniciativa en toda España que está recurriendo sistemáticamente la celebración de oposiciones mientras no se reconozcan los derechos adquiridos por profesionales eventuales que sumen más de tres años al servicio de la Administración.

La Junta publicó la convocatoria de 2.321 plazas de profesorado el día 9. La ANIL explicita que el recurso «no se emite para impedir que se realice la preceptiva y necesaria oposición. Lo que se pretende es que se adecúe a la situación actual, económica y legal, garantizando que los criterios que se tomen no sean ilegales». Por ello, solicita la nulidad de «determinadas disposiciones» de la oferta de empleo público, así como la relación de puestos de trabajo ofertados detallando la situación laboral de quien ocupa cada puesto. Esto permitirá a los interinos saber si su plaza en concreto sale a concurso y dará pie a nuevas reclamaciones individuales.

En el escrito se reclama también la autorización expresa del Gobierno para convocar las pruebas y la aprobación de una partida presupuestaria para indemnizar a la plantilla que sea despedida al finalizar el proceso.

Las trabas para la cobertura de jubilaciones y bajas en el sector público, limitadas al 10% anual por motivos presupuestarios desde 2012, agravaron el problema de la interinidad. En ese período, la tasa se elevó provocando que solo tres de cada cuatro plazas estén ocupadas por funcionarios.

Martos avanzó que están aguardando el pronunciamiento de la Audiencia Nacional sobre la impugnación de la Ley de Presupuestos de 2018 –otro de los procesos iniciados para detener las convocatorias iniciadas–. Cuando se produzca, solicitarán la suspensión cautelar de las oposiciones en todo el país, incluyendo Andalucía. El TSJA dispondrá entonces de diez días para pronunciarse, «bien adoptando la medida directamente o dando traslado previo a la otra parte, la Consejería de Educación en este caso, para que presente sus alegaciones», detalla.

La ofensiva contra las administraciones no se limita acciones judiciales. Martos promueve a nivel nacional la recogida de 500.000 firmas contra el acuerdo sindical –CCOO, UGT y CSIF lo firmaron– para la consolidación del empleo público, sellado en marzo del año pasado. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue registrada el día 9 en el Congreso de los Diputados. A partir de su aprobación, la ANIL dispondrá de nueve meses para recopilar los apoyos, un plazo que su presidente cree que no agotarán: «Por las llamadas y mensajes que estamos recibiendo, en un mes y medio tendremos las firmas seguro», augura.

Cambios en la bolsa de trabajo

La Consejería de Educación avanza en una nueva orden para mejorar la gestión de la bolsa de trabajo. De momento, se encuentra en consulta pública previa. Este paso es imprescindible y permitirá incorporar las aportaciones que realicen sindicatos o cualquier interesado. La Orden indica que pretende «solucionar» problemas relativos a la selección de los interinos y acabaría también con el obsoleto sistema de llamamiento telefónico.