Empleo no tiene dinero para las empresas vinculadas al territorio

La situación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es un despropósito. La inquietud reina en las oficinas. La situación de los promotores de empleo o los asesores ha puesto en evidencia una falta de planificación de la administración andaluza, que gestiona las competencias en la materia desde 2003. Se trata de personal que no es funcionario y que, salvo cambio de planes, ya no prestará servicios. La Junta no ha cubierto la Relación de Puestos de Trabajo necesaria con plazas públicas para atender los trabajos propios de funcionamiento del organismo. Y ahora saltan todas sus deficiencias.

La estrategia marcada es responsabilizar de los recortes al Gobierno central. En concreto, a la ministra de Empleo Fátima Báñez, que es la que debe transferir los recursos económicos para que la Junta los gaste. Antonio Ávila, consejero responsable de la materia, no asumió ninguna responsabilidad el pasado jueves en el Parlamento. Insistió en la «agresión» de Madrid y reclamó dinero para otro plan de empleo.

Pero esta situación no es nueva. Andalucía siempre ha liderado el desempleo en España. En la última Encuesta de Población Activa –tercer trimestre de este año–, la tasa superó el 35 por ciento. Pese a ello, es norma ya que el SAE no ejecute todo su Presupuesto año tras año. Según datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la ejecución presupuestaria del Servicio Andaluz de Empleo en octubre era del 40,48 por ciento. Este pobre bagaje no es nuevo: en 2010, la ejecución del gasto del presupuesto del SAE se limitó al 66 por ciento; y, en 2011, al 42,49% –el 57,51 sin ejecutar, más de uno de cada dos euros–. El problema se agrava porque tampoco da salida a las líneas de ayuda en vigor y que, en teoría, están respaldadas presupuestariamente. Una de las últimas afectadas son las subvenciones de I+E, que se tramitan en el Departamento de Promoción y Desarrollo Local de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

Este tipo de subvenciones se otorgan a proyectos empresariales que cuentan con el impulso y el apoyo de un consorcio de UTEDLT o un ayuntamiento «con el fin de crear actividad económica y generar puestos de trabajo». La Orden que las regula es del 21 de enero de 2004 y cada año se habilita una partida presupuestaria para atender las peticiones. En el presente ejercicio, se recogían 6 millones de euros «en materia de empleabilidad e intermediación para proyectos y actuaciones en materia de desarrollo local en I+E». Según ha podido conocer este periódico, las solicitudes están sin resolver por falta de disponibilidad presupuestaria aunque no ha habido comunicación oficial. En la práctica, supone la parálisis de una línea de ayudas.

Como proyectos empresariales vinculados al territorio, los Consorcios de Empleo que a final de año van a quedar liquidados jugaban un papel importante. Su labor era de captación. Por ejemplo, entre los requisitos para calificar un proyecto empresarial como I+E estaba «que la producción de bienes y/o servicios esté relacionada con actividades emergentes o que, dentro de una actividad tradicional en la zona, cubra necesidades no satisfechas en la estructura económica existente».

Las líneas de apoyo eran múltiples. Desde la constitución de la sociedad a ayuda financiera para proyectos ya vigentes. Igualmente, se contemplaban partidas «para el apoyo a la función gerencial», «para la contratación de expertos de alta cualificación», o la contratación indefinida.

El problema con el que se encuentran estos solicitantes es que no pueden reclamar ante la Administración. La propia Orden se blindaba ante los incumplimientos. El artículo 28, referido al órgano competente para dictar la resolución –en función de la cuantía y el proyecto–, también recoge en su apartado 2 que «el plazo de resolución de cuantas solicitudes se formulen será de tres meses desde la presentación de la solicitud, pudiendo entenderse desestimadas aquéllas cuando transcurrido el referido plazo no se hubiera notificado resolución expresa».