Empresas de formación plantean la vía judicial por el caos de los cursos

Centros adjudicatarios están renunciando a las subvenciones al no recibir el primer adelanto del 25 por ciento

Los cursos de formación de la Junta han estado parados durante un lustro. Tras saltar a la luz el escándalo de irregularidades de las que se ocupan en este momento varios juzgados, el Ejecutivo andaluz tiró por la calle de en medio. En 2012 cortó el grifo y no reanudó las convocatorias hasta septiembre de 2016. En ese momento el Gobierno andaluz apostó por una reactivación de las acciones formativas en todas sus vertientes, con un paquete inversor que ascendía a 142 millones de euros: 50 millones para el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo; 71,5 millones para los cursos dirigidos a desempleados; y 20,6 para formación de ocupados. Sin embargo, actualmente estas líneas o están totalmente estancadas, como es el caso de la formación para ocupados; o están lastradas por problemas administrativos, como es el caso de la formación para desempleados y escuelas taller.

En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresas de la Formación de Andalucía (Cecap-A), Antonio Naranjo, aseguró ayer a LA RAZÓN que están barajando movilizaciones y acciones judiciales debido al caos en el que han quedado atrapados. La mitad de las empresas adjudicatarias en las resolución de enero y abril de este año aún no han recibido el primer adelanto del 25 por ciento del importe total. Ya hay algunas que han tirado la toalla y han presentado formalmente su renuncia ante la Consejería de Empleo.

El problema, respecto a la formación para desempleados, es que el Gobierno andaluz está ahora chequeando las acciones de la convocatoria de 2011. En el caso de Granada, según detallan desde Cecap-A, los expedientes estaban ya cerrados y liquidados. La Consejería de Empleo los ha reabierto al poner reparos la Intervención General. La normativa establece que los adjudicatarios, para tener acceso a nuevos fondos, deben tener validadas las justificaciones de convocatorias anteriores, por lo que el proceso administrativo queda en suspenso. En el caso de la provincia de Cádiz, la Consejería de Empleo no había revisado los expedientes hasta ahora. Ha resuelto de manera mayoritaria con expedientes de reintegro.

De las 220 entidades beneficiarias de ayudas, en torno a un centenar están pendientes de recibir el primer pago. «Las únicas que han cobrado son empresas nuevas que no han impartido anteriormente formación y por tanto la Junta no tiene que revisarles nada», argumenta el presidente de la patronal de la formación, quien apunta asimismo que en Granada ya hay tres centros que han optado por presentar la renuncia a la subvención.

El diálogo con la Junta continúa. Cecap-A se reunió en junio con el consejero de Empleo y desde septiembre llevan pidiendo un nuevo encuentro para abordar el problema del atasco en los pagos. Hoy está prevista una nueva reunión con el director general del ramo para abordar entre otros asuntos la ausencia de convocatorias de formación para autónomos y ocupados, que llevan en el dique seco desde el año 2011. La paciencia se va agotando. «La administración nos obliga a empezar los cursos, pero no cumple con su obligación que es pagarnos», abunda Antonio Naranjo. La fecha límite que pone Cecap-A es el 31 de diciembre. Si el problema no se resuelve, tomarán acciones judiciales y movilizaciones que ya ha abordado internamente esta confederación de empresas.

En el caso de las escuelas taller, la situación no es mucho más halagüeña. Alcaldes del PP andaluz anunciaron ayer que van a mandar una carta a la presidenta de la Junta para exigirle que resuelva las solicitudes de convocatoria. La secretaria general del PP-A, Loles López, habló de «convocatoria fantasma». El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, también se dirigió en términos muy críticos a Susana Díaz en la última sesión de control parlamentario: «Que no pase como la orden de subvenciones de las escuelas taller y talleres de empleo que sacaron ustedes en junio. Ponen unas condiciones leoninas en clave de tesorería y de pago, porque dicen que no van a pagar más que el 25 por ciento de esos talleres, con lo cual los que tienen problemas de tesorería no se acogen a esa orden, y cuando acaba el plazo de solicitud de la orden modifican en septiembre las condiciones. Los ayuntamientos que por responsabilidad o por estar desbordados financieramente no las solicitaron han perdido una posibilidad. Con ese clientelismo y esa discrecionalidad no puede contar con nosotros».

Por otra parte, desde Cecap-A apuntan que también están teniendo problemas con las convocatorias de cursos del sistema público de empleo estatal, ya que en torno a la mitad de los expedientes de formación para ocupados –esgrimen desde esta organización– llevan sin resolverse desde agosto de 2016. «Van cerrando los planes por sectores y conforme van cerrando envían las resoluciones de beneficiarios. El retraso para las concesiones se prolonga ya casi año y medio».

Junta y sindicatos inician el frente común contra el Gobierno

Las secretarias generales de CC OO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, propusieron el lunes en un acto en Sevilla que la Junta y el Gobierno central apruebe un plan extraordinario de mil millones de euros para compensar las transferencias no ejecutadas en los últimos años debido a la paralización de las convocatorias de cursos por parte de la Junta.

Este periódico ya apuntó en la edición de ayer que sindicatos y Junta ensayaban otro frente común contra el Gobierno. Y el frente común tardó en activarse apenas 24 horas. El vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, aseguró ayer que comparte la petición planteada por los dos sindicatos. Y dijo que debe ser el gobierno central el que «compense» a Andalucía por «la alarma social» generada por el Partido Popular en los últimos años en torno a la formación en la comunidad.