Andalucía

«En Andalucía la pobreza se vive de forma natural»

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez, lamenta que, a tenor de las abultadas estadísticas de personas que viven en riesgo de exclusión, la región se haya convertido en una «fábrica de pobres»

«En Andalucía la pobreza se vive de forma natural»
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Pese a los discursos más o menos optimistas que pronostican una inminente salida de la crisis, la realidad refleja que todavía demasiadas familias siguen soportando dificultades. Mucho más en una región, Andalucía, que viaja en el vagón de cola. El presidente de la Mesa del Tercer Sector, Manuel Sánchez, hace balance de un año especialmente prolífico en medidas sociales para intentar corregir unos déficits endémicos.

–En la presentación de los Presupuestos de 2018 la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que Andalucía crecerá el próximo año un 2,6 por ciento, superando el crecimiento de los países más avanzados de la zona euro. Sin embargo, un 41,7 por ciento de los andaluces está en riesgo de exclusión social, una cifra por encima de la de Rumanía (38,8), Turquía (41,3) o Bulgaria (40,4). ¿La brecha social sigue aumentado?

–El Estado del Bienestar no se puede medir solo y exclusivamente por el Producto Interior Bruto (PIB). Efectivamente, en Andalucía sube el PIB, pero las desigualdades no han bajado. Seguimos en los mismos niveles de todos los años anteriores. Falla la redistribución de la riqueza. Es decir, se enriquecen unos pocos a costa de la mayoría de los trabajadores. Éste debe ser el trabajo de las administraciones públicas: redistribuir la riqueza, tanto a nivel estatal como local. Aquí hay un problema muy importante. Cuando la Constitución española se aprueba en 1978 todas las competencias que se refieren a derechos fundamentales de las personas, por ejemplo los servicios sociales o la educación, pasan en exclusiva a las comunidades autónomas. Con lo cual, el Gobierno no tiene ningún tipo de competencia para intervenir en este ámbito. Llevamos años abogando por la modificación de la Constitución para que los derechos fundamentales sean compartidos. Que el Estado sea el agente regulador y el que pueda equilibrar las diferencias que hay entre unas regiones y otras. Naces en España, pero tu nivel de vida va a variar mucho en función de si naces en una zona más rica o más pobre. En Andalucía, la Junta no debe permitir que, por ejemplo, haya 10.000 nuevos ricos siendo la comunidad más pobre. ¿Cómo es posible que en Andalucía, que está batiendo récords históricos en cuanto a pernoctaciones, sigamos con sueldos míseros en el sector del turismo?

–Andalucía también está lejos de la convergencia con el resto de España. El diferencial es de 13,8 puntos, puesto que la media del país, en relación a la tasa de riesgo de pobreza, es del 27,9 por ciento. Tras Canarias, es la segunda región más pobre de España. ¿Las causas de estos datos hay que buscarlas dentro o fuera?

–Dentro y fuera. Hay que modificar la Constitución, diciendo qué y para qué, pero también hay que modernizar Andalucía. Hay que invertir en la región para que pueda convertirse en un motor importante de la economía española. Somos la región con más horas de sol de Europa, pues invirtamos en energía limpia. Lo que pasa es que si se penaliza, difícilmente podremos atraer a inversores extranjeros. Antes de la crisis éramos líderes en el tema de las placas solares. En estos momentos nos han adelantado por la derecha y por la izquierda. El campo hay que industrializarlo. Se siembra maíz, pero se recoge y se lleva en camiones fuera.

–De los 15 barrios más pobres de España, 7 están en Sevilla. No sólo son pobres las personas que duermen en la calle, sino muchos vecinos de Los Pajaritos o del Polígono Sur.

–Con un 40 por ciento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, solo un 26 por ciento de los andaluces ve la pobreza. Con lo cual, se ha conseguido lo imposible: ocultar la pobreza. Se ha cronificado tanto que se vive de forma natural. Se está heredando de padres a hijos. Lanzamos una campaña para incidir en eso. No puedes cambiar lo que no conoces, y si la gente no sabe que es pobre esa realidad no la puede cambiar. La asume como normal, igual que no comer tres veces al día, no tener televisor o la baja intensidad laboral. No podemos seguir con esa situación durante más tiempo porque, al final, Andalucía es una fábrica de pobres. Antes de la crisis la pobreza se asociaba a la exclusión social. Ahora tiene una nueva cara. La pobreza se vive de puertas para dentro para que los vecinos y los familiares no lo sepan. Ahora hay personas que han tenido un estatus social, han pertenecido a una clase media o media alta y han trabajado en sectores productivos que han dado muchos beneficios y, de pronto, lo han perdido todo.

–Más allá de los datos, está claro que el desempleo es un lastre muy pesado. ¿Qué otras causas están provocando que la región vaya en el vagón de cola?

–Es cierto que en Andalucía es donde más desempleo hay. Los datos son incuestionables. Sin embargo, las cifras de paro no se corresponden con las de pobreza. Esto pone de manifiesto que hay personas que están trabajando y siguen siendo pobres. No puedes estar trabajando 10 horas todos los días y ganar 600 euros, porque sigues siendo pobre. ¿Qué ocurre? Alguien, en ese camino, se está llevando una parte de tu beneficio, lo que te permitiría vivir dignamente. Eso hay que atajarlo y, si seguimos mirando hacia otro lado, al final habrá 10.000 o 20.000 nuevos ricos y 50.000 nuevos pobres.

–Una de las medidas estrella de la Junta para el próximo año, en materia social, es la renta mínima de inserción. Aseguró que es insuficiente porque tan sólo se beneficiarán de ella 45.000 familias.

–Si tenemos un millón de personas en riesgo de pobreza, la medida es claramente insuficiente. Por otro lado, es un logro. Nosotros reivindicábamos, junto a los sindicatos, la renta básica. Aquello se aparcó en el Parlamento andaluz.

–¿Se conforma con esta renta mínima de inserción o seguirá luchando por la renta básica, que daría cobertura a un mayor sector de la población?

–Las organizaciones sociales, de consumidores y los sindicatos íbamos todos a una. Hablábamos de una renta básica condicionada, pero al final lo único que varía es el nombre. Cualquier avance que permita que determinadas personas puedan salir de sus necesidades perentorias es bienvenido. La lucha, para el próximo año, es que los Presupuestos tengan una dotación económica suficiente que garantice que esa ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan. No teníamos renta mínima aprobada cuando se dio luz verde a los Presupuestos, por lo que desconocíamos hasta última hora los cuadros de los perceptores y las cuantías.

–Hace un año que se aprobó la Ley de Servicios Sociales. ¿Está conforme con su desarrollo?

–No estamos conformes porque todavía ahora se está trabajando en el catálogo de prestaciones. Su desarrollo va muy lento. La ley se metió en los cajones muchas veces, así que su aprobación fue bienvenida. Sin embargo, a día de hoy no se puede ejecutar. Había unos estudios que no se han terminado. Lo que sí pedimos es celeridad.

–El pasado mes de septiembre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, les convocó en San Telmo para plantearles la necesidad de afrontar la reforma de la financiación autonómica. ¿Cree urgente esta cuestión? ¿Se sienten utilizadas las entidades sociales en una batalla política de ámbito nacional?

–En mi intervención en el Parlamento antes de la aprobación de los Presupuestos dije a PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU que esto no era una cuestión de un partido, estamos hablando de Andalucía. No nos sentimos manipulados para nada porque el impacto que causa este asunto sobre la acción social en Andalucía es impresionante. Hay una diferencia de 800 euros por andaluz, lo que supondría que muchas personas podrían salir de la pobreza. También muchas personas podrían tener ayudas como la de la dependencia. Es un dinero que a Andalucía le pertenece y que iría a las personas. Pedí al PP que apoyara a la Junta y estaba de acuerdo con que era una lucha de todos. Hay que reclamar lo que nos pertenece, no más que nadie, pero tampoco menos. No olvidemos que este reparto lo fijó el gobierno de Rodríguez Zapatero. Se equivocó y eso es muy lesivo para Andalucía.

–También abordó recientemente con la presidenta el problema de los refugiados. ¿Considera positivo que, tras perder las primarias del PSOE, tenga dedicación exclusiva a una comunidad tan compleja como Andalucía?

–La capacidad de trabajo de la presidenta, hace un año y ahora, es importante. No sentimos que hubiera un desgobierno porque se metiera en otro tipo de aventuras, que por otra parte son legítimas. Cada persona puede tener sus aspiraciones. No se vivió un vacío de poder. Luego, tenemos la gran suerte de tener a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y a la secretaria general, que son personas con una gran capacidad de trabajo. No tenemos quejas porque la información es inmediata y directa. Somos un agente social más y queremos ese reconocimiento por parte de la Administración. Cuando salió la Ley de Servicios Sociales se nos convocó, al igual que cuando se planteó la renta mínima o la Ley de Participación.

–Este año se ha triplicado el número de pateras que han llegado a las costas andaluzas. Las mafias parece que están operando con total impunidad. ¿Se puede hacer algo desde Andalucía?

–La región no tiene competencias en cuanto a asilo o refugio. Muchas personas vienen del norte de África y las competencias son del Estado. Lo que podemos hacer, una vez que llegan, es facilitarles unas condiciones y una acogida dignas. No hablamos de puertas abiertas, pero al que esté aquí hay que tratarlo como un ciudadano. Si no lo puedes devolver a su país de origen durante un periodo de tiempo, tienes que darle todos los servicios como si fuera un ciudadano más.

–¿Qué le parece la decisión de ubicar a 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona?

–Estamos en contra de utilizar una cárcel que no está terminada como un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Estas personas deben tener unas condiciones dignas. Deben tener una adecuada alimentación y agua caliente. Otro debate es si CIE sí o no. Hay unas organizaciones políticas y sociales que están a favor y otras que no. Es un debate antiguo que hay que reflexionarlo y, si los CIE no funcionan, hay que ponerse de acuerdo. No puedes mezclar a una persona, por el hecho de que no tenga un documento, con otra que ha cometido un delito.

Por un reparto del 0,7% «justo»

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía alerta de los problemas que han tenido numerosas entidades sociales de la región con el nuevo modelo de reparto del 0,7 por ciento del IRPF, por lo que reclama un nuevo sistema «más justo». Anteriormente, era el Gobierno central el que distribuía los fondos con unos criterios niveladores. Este año al Gobierno le correspondía un 20 por ciento y a la Junta el 80, anulándose los criterios anteriores. Hay entidades que se han quedado sin fondos.