Entre 35 y 40 millones de deuda con las asociaciones de discapacitados

La deuda de la Junta crece, mientras las entidades asociadas en la Confederación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, Feaps-Andalucía, le ahorran a las administraciones millones con los servicios que prestan. El último dato, según informaron fuentes de Feaps a LA RAZÓN, eleva el débito a los colectivos de toda la región a «entre 35 y 40 millones de euros»

Aunque el bipartito alardea desde la Junta de Andalucía de «otra forma de hacer política», de un punto de vista social, un sector dependiente en grado máximo de la solidaridad y el apoyo social, como las personas con discapacidad, supone, según fuentes de Feaps Andalucía, un ejemplo «sangrante» de la situación real de la comunidad. La Consejería de Empleo mantiene en suspenso el 100% de los programas destinados a personas con discapacidad intelectual, quedando esta población totalmente desatendida en la región. Empleo adeuda un millón de euros a las asociaciones de la matriz central. Por otro lado, la Agencia de Dependencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Bienestar Social, debe cerca de 500.000 euros. Aparte de la desatención de las personas con discapacidad (unas 4.000 personas), las consecuencias de los impagos de la Junta son los despidos. Feaps-Andalucía ha pasado de contar con 117 trabajadores en 2009 a 33, que acumulan cuatro nóminas sin cobrar. Existen asociaciones federadas con «seis y siete nóminas sin cobrar». El montante de la deuda de las administraciones para con el movimiento asociativo vinculado con Feaps alcanza ya «entre 35 y 40 millones», según la entidad. Desde Feaps critican que «más allá de los ERE fraudulentos» se trata de fondos que van a parar «a mantener intacto el aparato del poder». De aquí «al otoño», «se va a armar» ante la política falsaria de «no recorto pero no pago». El pasado año, ya se concentraron en Sevilla entre 25.000 y 30.000 personas para protestar por los impagos.

La confederación andaluza, como los entes provinciales, sobrevive «como puede» en «el estado de total desamparo en que la Administración andaluza» la ha dejado, sin financiación y una deuda superior al millón y medio de euros. Algunas de las partidas pendientes provienen de 2010. Desde Feaps explicaron a LA RAZÓN que desde la Junta «se nos da larga y se marea la perdiz», requiriendo, «durante meses», diferente documentación y requisitos para justificar los gastos. «Al no existir un protocolo –una dinámica que parece habitual en la Junta–, lo varían», indicó, para tapar «la falta de liquidez». «Saben que somos gente muy comprometida y no vamos a dejar tirados a los chavales, por lo que van pagando a otros demandantes», explicaron fuentes de Feaps. La entidad considera que «el caso de Feaps-Andalucía es un claro ejemplo de la voladura progresiva del tercer sector que, desde el comienzo de la crisis, vienen protagonizando los poderes políticos y financieros».

Feaps Andalucía representa a 65.000 familias y engloba a 140 entidades federadas, 540 centros, 7.000 trabajadores y 16.000 atendidos directos en toda la comunidad. La confederación piensa en el ERE como la última alternativa. Uno de los puntos clave de Feaps, la inserción laboral, es uno de los aspectos que están quedando «más desatendidos» por la falta de fondos. Pese a ello, en 2012 colocaron a unas 500 personas con discapacidad intelectual y atendieron a unas 4.000. La Consejería de Empleo adeuda cerca de un millón a los nueve servicios provinciales de orientación laboral. El andaluz con discapacidad intelectual en edad de trabajar no cuenta desde el 27 de abril con este servicio de orientación adaptado a su circunstancia, un soporte de Feaps desde hace más de una década y que ha desaparecido por los impagos.

La deuda de la Agencia de la Dependencia –403.803 euros– está presupuestada para atender a la población reclusa con discapacidad intelectual de las cárceles andaluzas. En el último ejercicio, unas 700 atendidos. Según la Junta, los retrasos se deben a los recortes del Gobierno de Rajoy, con un tijeretazo de más de 200 millones desde 2012 para dependencia.