«Estos contratos siempre se hacían así en el Ayuntamiento»

Ni contrataciones ilegales ni gratificaciones carentes de acreditación. El alcalde socialista de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), José Solís, declaró ayer ante el juzgado número dos de Sanlúcar la Mayor como imputado a raíz de una denuncia del PP, en la que alertaba de la contratación en 2010 de nueve personas «sin que concurrieran los requisitos de mérito, igualdad y capacidad para acceder a la función pública». El regidor dijo desconocer los informes contrarios de la Intervención y alegó que esa forma de actuar «siempre se hacía así en el Ayuntamiento».

El caso parte de una denuncia promovida en 2012 por los populares, en la que alertaban de dos informes de la Intervención, que detectaron irregularidades en la «gestión del personal funcionario y en dos nóminas de un funcionario». Igualmente, en junio de 2010 y según el «criterio de la Alcaldía», el personal de un taller de empleo no sufrió la reducción salarial dictada por el Gobierno central para el sector público. En enero de este año se archivó provisionalmente la causa, aunque los populares formularon un recurso, quedando ahora reabierta.

En su declaración, Solís defendió que no conocía los informes de la Intervención y que «no hay un documento firmado que haga constar que he visto esos informes», ya que supo de ellos a raíz de la denuncia. Por tanto, las contrataciones se hicieron en beneficio de personas «usuarias de los servicios sociales» y fueron seleccionados los que «más necesitados estaban». El trabajo, según detalló, era «prácticamente de barrendero» y eran «personas humildes capacitadas para ello», en el marco del Plan Romero y durante «cinco o seis días».

En cuanto a las gratificaciones, de las que se beneficiaron dos policías locales, alegó que respondían a «servicios puntuales» y eran cobradas «desde mucho antes» de que él accediese a la Alcaldía. Por tanto, cuando le llegó la citación del juzgado «lo paralicé todo» para informarse y que, una vez que habló con el secretario, supo que estas personas «cobraban la misma cantidad, no en concepto de gratificación, sino como trabajos de superior categoría».

Sobre la no reducción salarial dictada por el Gobierno central, Solís expuso que actuó bajo el criterio de la Consejería de Empleo, como promotora de la subvención que sustentaba dicho taller. Como conclusión, remarcó que «si hubiese tenido constancia de las irregularidades habría tomado las medidas oportunas».

Tras la declaración, el PP dio a conocer el acta de una mesa de negociación celebrada en junio de 2013 y en la que, en el marco de la elaboración de la relación de puestos de trabajo, se alude a la legalización de las gratificaciones de «conceptos varios» a través del complemento específico. «Podía no haberse tenido en cuenta el importe de las gratificaciones, pues no son legales y, de hecho, todos los meses tengo un informe negativo del secretario interventor, pero no se ha hecho», expuso el regidor.