Sevilla
Exigen el cese de la delegada de Educación en Sevilla por los casos de «enchufismo»
Podemos pide nuevas medidas de transparencia para evitar casos similares
Podemos exigió la destitución de la delegada de Educación en Sevilla, María Francisca Aparicio, e instó a la Junta de Andalucía a tomar medidas contundentes contra la «red clientelar» descubierta.
Podemos exigió ayer la destitución inmediata de la delegada de Educación en Sevilla, María Francisca Aparicio, e instó a la Junta de Andalucía a tomar medidas contundentes contra la «red clientelar» descubierta y la concesión «a dedo» de plazas en centros educativos. El caso ha provocado varios ceses a raíz de un investigación interna abierta por la Consejería de Educación sobre las plazas repartidas «a dedo» en centros educativos de las que se habría beneficiado la hija del jefe de la Inspección de Sevilla. La Administración andaluza ha destituido a los dos jefes de servicio de los que dependían las contrataciones bajo sospecha: Carmen Liébana, jefa de Planificación; y Luis Sanchís, jefe de Recursos Humanos. Además, Alberto Moreno, jefe de la Inspección de Sevilla y padre de Anais Moreno Malpartida, la docente beneficiada por las plazas, ha presentado su renuncia.
La portavoz parlamentaria de Educación de Podemos Andalucía, Libertad Benítez, respaldó las destitutuciones y exigió que se asuman las responsabilidades políticas correspondientes, por lo que pidió la destitución inmediata de la delegada de Educación en Sevilla. También reclamó el cese de su antecesor en el cargo, Francisco Díaz, «recolocado» por Susana Díaz como gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en Sevilla en enero de 2016.
«Combatir las redes clientelares y el enchufismo en la función pública pasa por ser implacable contra todos los dirigentes políticos que se han valido de su posición de privilegio para facilitar contrataciones irregulares o que han preferido mirar hacia otro lado», sostuvo.
La diputada propuso igualmente la incorporación de nuevas medidas de transparencia y control en la gestión pública, también en el ámbito educativo, para impedir casos similares en el seno de la Administración andaluza.
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