Expedientes agrícolas acabaron en la Fiscalía el día después de los pitidos a Díaz

«Muchas de las fincas» que la Junta «ahora quiere desmontar están levantadas con subvenciones» públicas

Esta semana arrancó con un encuentro voltaico entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien visitó San Juan del Puerto (Huelva) con motivo del 550 aniversario de su fundación, y un grupo de agricultores que la increparon. La protesta escondía un malestar tejido de incertidumbres y le han seguido «reveladores» movimientos del Gobierno andaluz.

Fuentes del colectivo que abucheó a la socialista y que prefieren mantener el anonimato de momento explican a LA RAZÓN que pretendían hablar con la presidenta de «la necesidad de cambiar la Ley Forestal de Andalucía de 1992 y el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de 2004» para poder seguir cultivando unas tierras calificadas por éstas como forestales y de secano, así como sus reivindicaciones ligadas al agua. No fue posible esa conversación y arreciaron las voces amplificadas por las redes sociales. Al día siguiente desde la Junta se hizo público que se habían trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva expedientes sancionadores iniciados en 2017 «como consecuencia de la transformación de tierras de forestal a agrícola sin la autorización pertinente y por el uso de aguas subterráneas sin concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizado por algunos agricultores de la zona de la Corona Norte Forestal de Doñana», según se expuso en una nota. De acuerdo a lo relatado en ella, la delegación de Medio Ambiente había remitido «distintas comunicaciones» a los agricultores afectados, algunos participantes en la protesta, con los que ha mantenido reuniones sobre su situación jurídica y administrativa.

A ese segundo paso le siguió otro el miércoles. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, trató con representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que se había desvinculado de la movilización de San Juan del Puerto, distintos asuntos, entre ellos que la consejería va a enviar al Ministerio para la Transición Ecológica «el documento con el que el Gobierno central se comprometió a conceder agua a estos regantes de manera inmediata» que «certifica que se trata de hectáreas agrícolas regables de la Comunidad de Regantes El Fresno, y señala las parcelas que son objeto de concesión de aprovechamiento de agua en los municipios de Bonares, Lucena del Puerto y Moguer». Esto es, «el agua llegará de forma definitiva, sin necesidad ya de concesiones temporales», a «más de doscientos comuneros».

«Vamos, que después de la pitada nos han dado una de cal y otra de arena», resume uno de los agricultores. Su dibujo de la situación es algo distinto al oficial. Acusan a la Junta de ser la responsable de «reventar» la economía de «cinco pueblos» onubenses: «Lucena del Puerto, Moguer, Bonares, Rociana y Almonte». Aseveran que se está produciendo una «fuga de agricultores» que «están buscando tierras por otros lados, cansados de reuniones y de plazos y más plazos» para intentar normalizar su situación. Afilan más. «La Junta pretende que paguemos sus errores de gestión. Muchas de las fincas que ahora quieren desmontar están levantadas con su dinero, con subvenciones», señalan.

Admiten que tenían las «comunicaciones» a las que aludía Medio Ambiente «desde hace siete u ocho meses» y «muchas denuncias amontonadas». Es más, algunos han presentado ya alegaciones. Les parece «mucha casualidad, la verdad» que se remitieran los expedientes a la Fiscalía «el día después» del episodio de San Juan. Si bien, matizan: «Pero el mismo que los ha mandado, ha traído los papeles del ministerio por delante para darnos las concesiones de agua ya absolutas», apuntan en alusión al consejero.

Los representantes del colectivo con los que ha hablado este periódico han respondido a algunas de las acusaciones que pesan sobre ellos como que son «ladrones de agua de Doñana» o que «han transformado tierras de uso forestal a agrícola de forma ilegal»: «Tenemos documentos, un canon histórico, que demuestran que nuestros antepasados cultivaban esas tierras de cereales, de viñas... Luego llegó una empresa de celulosa y la misma Junta subvencionaba a los agricultores para que plantaran eucaliptos y tener madera» hasta que «cerró» y «se buscaron otros cultivos». En el 92 «pusieron como masa forestal las tierras en las que estaban los eucaliptos» sin tener en cuenta que «tenían un canon histórico y se habían sembrado otras cosas». «Después de haber alentado a que las labráramos, nos dicen de pronto que no se puede». «Y la otra ley –la norma de 2004– tampoco tiene ni pies de cabeza y con ella intentan poner de secano el suelo que no estaba cultivado antes de ese año», denuncian. «Creemos que el problema es que en el coto faltan hectáreas de lo que hay comunicado a la Comunidad Europea y ahora hay que buscarlas por donde sea», añaden.

Por lo que respecta al «robo del agua» reconocen que «antiguamente se hacían pozos» pero afirman que se les ha «pedido dinero para legalizarlos», que «se les ha dado» y «no se ha hecho nada». «Nos han sacado el dinero y nos han engañado. Nosotros no queremos hacer daño a Doñana, al revés, somos los primeros que cuidamos el campo, vivimos de él. Pedimos agua superficial y si hay que cambiar la ley para que podamos seguir cultivando, que se cambie».

Por último, aclaran que detrás de la movilización de Lucena «no estaba el PP». «Meterlos en esto ha sido una artimaña política del PSOE», lanzan. Entre ellos son variados «los colores políticos», aunque les une que luchan «por el pan» de sus «casas».Es más, garantizan que «están en pie de guerra» y «no descartan más movilizaciones y protestas» que puedan afectar a la presidenta. «Estamos preocupados por lo de la Fiscalía pero miedo no tenemos», concluyen. Fuentes de la Fiscalía recordaban ayer que, como ya notificó en abril cuando los analizó por vez primera, en una inmensa mayoría de los casos se trata de hechos prescritos, pero se insta a la Junta a poner en conocimiento de la Policía o el Seprona cualquier hecho delictivo actual que se detecte.