Faffe garantizaba contratos antes incluso de invitar a otras empresas a concurrir

El ex director señaló que «sólo firmaba» los procedimientos «regulados» y que recibió «directrices» del Patronato

Los comparecientes en la comisión parlamentaria de investigación sobre el fraude en la formación fueron incapaces en su día de explicar las funciones de los ex trabajadores de la Faffe, un ente, según sindicatos y oposición, plagado de «enchufados» del PSOE. El entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, apuntó que la auditoría externa en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo señala la existencia de «deficiencias administrativas» en materia de gestión de personal y de contratación, un reconocimiento explícito del mencionado «enchufismo». No obstante, defendió que la fundación cumplió en la gestión y ejecución de las subvenciones, es decir, que «realizó adecuadamente la justificación de ayudas y la ejecución de acciones subvencionadas». La jueza de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, tomó declaración ayer a cinco investigados dentro de la pieza separada de la causa sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación que afectan a la extinta Faffe, señalando uno de ellos, Juan Luis Álvarez
–socio y director de proyectos de Proyempleo–, que la Fundación le garantizaba contratos para llevar a cabos proyectos antes de invitar a otras empresas a concurrir, empresas que él mismo proponía a veces. El fiscal estima que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe de los contratos presuntamente irregulares superaría los 9 millones, repartidos entre diversas empresas. Para el presunto fraude se habrían utilizado mecanismos como el «fraccionamiento» de contratos o la «influencia» de las adjudicatarias.

También declararon, entre otros, Jesús Manzorro, propietario de Proyempleo; Carmen Lozano, ex responsable de garantías de Faffe; y Fernando José Villén, ex director general de la Fundación. Fuentes del caso señalaron a Europa Press que Álvarez indicó que su empresa prestaba asistencia técnica sobre proyectos que tenía que realizar Faffe. El propietario de Proyempleo, Jesús Manzorro, manifestó que él le pedía al ex director general de Faffe que le diera «expectativas y garantías» de que le iban a adjudicar los contratos para poder llevar a cabos inversiones previstas, según fuentes del caso.

Villén explicó que el sistema permitía la invitación a empresas homologadas para participar en los expedientes de contratación, a través del conocido como procedimiento negociado. Fuentes del caso precisaron que Villón defendió que siempre se ha sometido a la legalidad vigente y no la ha incumplido, asegurando que «no intervino» en los procedimientos «regulados» de adjudicación de contratos, «sólo firmaba». El ex director general negó que haya invitado a empresas a participar. Según otras fuentes, Villén dijo que recibió «directrices» de miembros del Patronato, ente presidido por el consejero de Empleo. Carmen Lozano, encargada de revisar los expedientes de contratación, declaró que no tenía nada que ver con las contrataciones ni controlaba si las empresas cumplían los requisitos sólo si los expedientes cumplían los protocolos para la contratación.