Filtro político para las denuncias de los agentes de Medio Ambiente

Las denuncias de los funcionarios sobre usurpación de potestades públicas en el seno de la Junta de Andalucía es un ejemplo de cómo la Administración prima a trabajadores que no han pasado por un proceso público y de libre concurrencia en beneficio de un mayor control político. El último ejemplo lo protagoniza la Consejería de Medio Ambiente, que mediante una instrucción ha prohibido a los agentes de medio ambiente la presentación de denuncias por registro y les obliga ahora a trasladárselas al coordinador provincial para su análisis. Será éste el que decida si se las envía a la Sección de Informes y Sanciones dependiente de la Secretaría General para determinar «la oportunidad de acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de acuerdo a la normativa especializada».

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía recuerda que ellos actúan como Policía Judicial Genérica y que, entre sus obligaciones está «comunicar a los órganos oportunos el conocimiento de infracciones y/o delitos medioambientales en el momento de tener constancia de los mismos». Al no pasar por registro oficial y entregárselas al coordinador provincial, no hay constancia documental, lo que, a su juicio, les provoca «inseguridad jurídica».

La Consejería se escuda en el «gran número de competencias» que posee «dentro de la actuación administrativa de la Junta de Andalucía» y la existencia «de muchas leyes y normas» lo que explica «el notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores que se inician». La instrucción señala que «estos procedimientos presentan una gran complejidad tanto jurídica como técnica» y que, «para optimizar los escasos recursos humanos disponibles» es mejor implantar un filtro.

Para la portavoz de Medio Ambiente del PP-A Carolina González Vigo, esta decisión es «un auténtico atropello al Estado de Derecho» ya que «un político no puede decidir qué es denunciable y qué no cuando un técnico funcionario de carrera hace un informe sobre un posible delito medioambiental».