Funcionarios denunciarán a Educación si externaliza potestades públicas

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denunciará a la Consejería de Educación si sigue adelante con su propósito de contratar a una empresa externa para la «grabación y verificación de diversos documentos administrativos». Tal y como informó ayer este periódico, el departamento que dirige Mar Moreno ha licitado un contrato por un importe de 109.000 euros más IVA para atender las reclamaciones de los complementos salariales por antigüedad de los profesores interinos. El objetivo es que una empresa externa, prestando servicio en la Consejería, se encargue de tramitar los expedientes de reclamaciones. La justificación es que «no podrán ser atendidas con los medios personales de los que actualmente dispone la Consejería de Educación sin que se considere conveniente, por la transitoriedad de la situación, la ampliación de los mismos». En total, necesitarán 12.000 horas de trabajo, aproximadamente un año entero.

El vicepresidente del SAF, Carlos Ezequiel Sánchez, aseguró ayer en declaraciones a este periódico que la decisión de Educación es «una vergüenza y un escándalo». La indignación es doble. Primero por el derroche que supone que la Administración recurra a una empresa externa «para hacer el trabajo que los funcionarios realizan de toda la vida»; y segundo, porque «se trata de potestades públicas». El TSJA ya abrió una investigación por este mismo motivo tras la denuncia de un empleado público.

Sánchez recuerda que la apertura de un expediente administrativo debe corresponder a un funcionario e insta a Educación a recurrir a la bolsa de trabajo de interinos si necesita personal.

Por su parte, la vicesecretaria de Economía y Empleo del PP-A, Carolina España, acusó al bipartito de «privatizar la función pública». También criticó la «demagogia» de la Junta, que rechaza la colaboración de las administraciones con entidades privadas pero «desprecia» a los funcionarios de los que dispone.