Funcionarios se movilizan para frenar un Decreto-Ley de la Junta

El SAF avisa a la oposición de que la norma permitirá «burlar» los fallos que han impedido que «enchufados» desempeñen potestades públicas.

«El Gobierno de Susana Díaz persigue ahora burlar el cumplimiento de las repetidas sentencias judiciales que han impedido hasta la fecha que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desempeñe funciones reservadas en exclusiva a los funcionarios de la Administración». Habla el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, quien ayer se reunió con el Grupo Parlamentario de Podemos y hoy lo hará con los del PP-A y Ciudadanos (C’s) con un fin: evitar que salga adelante un Decreto-ley que, avisan, esconde una trampa.

Su movilización está ligada a la norma 1/2016, de 15 de marzo que modificó varias: la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-ley 6/2014 por el que se aprobó en abril el programa Emple@Joven y la «Iniciativa @mprende+»; y el Decreto-ley 9/2014 que dio el visto bueno en julio al plan Emple@30+. Se votará hoy en la Cámara autonómica y durante su elaboración se le ha añadido una disposición adicional en virtud de la cual, según está alertando esta organización sindical a los Grupos de la oposición, se permitirá que el personal laboral «participe» en la prestación de servicios vinculada al desarrollo de esos planes. Una circunstancia que abriría la puerta a que colectivos de «enchufados» como los más de 1.100 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ahora integrados en la agencia del SAE, u otros grupos de asesores despedidos que dieron la batalla contra la Junta en los juzgados y han tenido que ser readmitidos; pudieran llevar a cabo tareas que, según el SAF, no les corresponden.

«Impropio de una democracia»

Sánchez considera «inaceptable» el añadido del Ejecutivo regional a su nuevo Decreto-Ley por cuanto permitiría un «atropello» a los derechos laborales de los empleados cuyos intereses defiende su sindicato, de un lado; y a la ciudadanía en general, de otro. «Lo sucedido», expone a este periódico, «no es propio de una democracia sino de otro tipo de regímenes». Desde esa convicción confía en que el Parlamento, «supremo órgano de representación política de la ciudadanía», no acabe «siendo cómplice de ello». De hecho, ése es el fin de la ronda de contactos a contra reloj que pretenden realizar con todos los partidos a excepción del PSOE, formación que, según confirman otras fuentes del SAF, «se ha negado múltiples veces» a recibirlos. El «correcto» ejercicio de potestades públicas en materia de asesoramiento laboral está en juego.