Granada se «engancha» a la marihuana

«La marihuana de Granada se la pueden fumar en cualquier sitio». Lo afirman fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuya labor para impedir el creciente negocio del cannabis ejercen a diario. El año pasado, la Guardia Civil granadina se incautó de 1.557 kilos de esta droga frente a los 470 kilos de 2014 –un incremento del 231%–. La Policía Nacional aprehendió 623 kilos, un 12,6% que en el año anterior. En total, 2,1 toneladas que han duplicado la cantidad de los doce meses previos. Estas cantidades suponen un tercio de las intervenidas en toda la comunidad –6,4 toneladas, un 75% más–, aunque el número de detenidos se redujo de 550 a 520.

La provincia se está afianzando como el principal productor de esta droga y la autovía A-92 se ha convertido en salida habitual hacia el resto de Europa para distribuir cannabis, cuyas plantaciones «indoor» proliferan en la capital y han provocado altercados relacionados con las caídas de la red eléctrica por los enganches ilegales especialmente en el Polígono Almanjáyar, en la zona norte. Los cortes eléctricos se han convertido en norma en un barrio donde 36.000 vecinos los sufren a consecuencia de los pisos-invernadero, una práctica que obligó en febrero a realizar una operación conjunta entre la compañía Endesa y la Policía Nacional para acabar con las acometidas fraudulentas. Nueve dispositivos con 108 agentes se saldaron con la eliminación de 149 enganches, según la Delegación del Gobierno. «En cuanto te das la vuelta se vuelven a enganchar y hay que volver a iniciar el proceso, empezando por la denuncia de la compañía eléctrica», aseguran desde la AUGC. El de Granada es un caso singular, según reconocen fuentes de Endesa. «Se da en otros lugares, pero no a tan alta escala, ni con tanta extensión y tanta gente implicada», admiten. La lucha contra el fraude se ha elevado a cotas difícilmente controlables por la compañía, que debe informar a la Policía cada vez que detecta un consumo de fluido anormalmente elevado si cree que puede estar relacionado con actividades delictivas.

En lo que va de año, en Granada capital se han realizado 21 registros, con 30 personas detenidas y casi dos mil plantas requisadas. Los desmantelamientos de invernaderos ilegales son habituales, la última esta misma semana, con la intervención de 400 plantas que ocupaban cuatro habitaciones de un piso en la zona norte, con enganche a la luz incluido. La capital nazarí es el principal foco donde se producen, disparando el consumo hasta diez veces por encima de la media de un parque de viviendase igualándolo al de un polígono industrial. No es el único en Andalucía. Desde la eléctrica refieren otros puntos sensibles como el Polígono Sur, en Sevilla o La Chanca y La Pescadería, en Almería. «Contra el fraude se lucha de manera permanente. En la Costa del Sol, por ejemplo, hay muchas urbanizaciones con acometidas ilegales. A esas personas se les reclama la deuda pero no se les denuncia a menos que no paguen», explican desde Endesa. Aunque ese fraude no está relacionado con otras actividades delictivas, como en el caso de los invernaderos de marihuana.

El «mapa» de las drogas en Andalucía tiene como «líderes» a Cádiz con el hachís; la cocaína «reina» en Sevilla y en Granada, la marihuana es la indiscutible desde hace unos años. La explicación al «boom» del cultivo y tráfico la encuentra la AUGC en que «es barata y muy accesible. En cualquier pueblo pequeño hay alguien que la vende. Por cinco euros, venden un cogollo, así que figúrese cuánto pueden sacarle a una planta. Y cultivarla no es dificíl, no hace falta ni un jardín, solo invertir en unos tubos fluorescentes y una habitación para tenerlas», explican. Una fuente de ingresos rápida que está arraigando en la ciudad por el auge de los cannábicos. De las casi cuatrocientas mil denuncias a nivel nacional por posesión o consumo de drogas, el 87% fueron por hachís o marihuana, según la Estadística Anual del Tráfico de Drogas 2014.

«Por el olor podemos llegar a donde están los cultivos. Por las noches, basta con salir a la calle, es cuando abren para ventilar las habitaciones», relatan. Pero no basta con encontrarlos. Tanto para entrar en una nave como en un piso, es necesaria una orden de registro que no siempre llega con diligencia. «Hay jueces que ven más grave irrumpir en una vivienda que el hecho de que haya una plantación de marihuana», lamentan desde la AUGC. «Otras veces los mismos camellos se venden unos a otros. Hay mucho más de lo que encontramos, pero no es fácil entrar aunque los tengamos localizados porque las órdenes suelen llegar con cuentagotas. Si es en pisos okupas, hay que hacerlo con el permiso del dueño, que muchas veces son los bancos o no se sabe quién es y se complica aún más».

Otro problema viene tras los decomisos. Los depósitos para las incautaciones estarían a rebosar si los hubiera. Las plantas se acumulan en las dependencias de la Guardia Civil sin las adecuadas condiciones. Tienen que secarse antes de trasladarlas a los laboratorios sanitarios para su posterior análisis. «En la Comandancia o en los cuarteles se van acumulando, parecen un secadero, porque Sanidad exige el peso en seco, no en bruto. Es vergonzoso. No existen depósitos de droga en los acuartelamientos», critican desde la AUGC. «Cuando son grandes cantidades, se envía una muestra y se espera autorización para destruirla», explican. Disponen para ello de una máquina trituradora que los propios agentes manejan. Hasta llegar a ese punto, pueden transcurrir cinco meses porque «a veces las plantas están dos meses secándose».

En 2012 ya denunciaron la inexistencia de almacenes específicos y solicitaron un informe por posibles riesgos laborales derivados de este almacenamiento irregular. «Hay compañeros que sufren dolores de cabeza, náuseas... y nuestros hijos tienen que jugar en el patio con las plantas allí colgadas. No tenemos guantes, ni mascarillas, ni mono, los superiores determinaron que no hacen falta. Está muy descontrolado. Hay sitios que vas y tienen jamones colgados y aquí tenemos marihuana».

Durante las patrullas, también surgen inconvenientes: «Si levantamos un acta por consumo, esa droga se guarda en un sobre de papel, sin más. Al cabo de ocho horas y muchas denuncias, el olor es insoportable».