Guerrero implica a la actual consejera de Hacienda de la Junta en la trama de los ERE

El exdirector general de Trabajo de la Junta dice que se reunió con Martínez Aguayo y Antonio Lozano, actual viceconsejero de Presidencia, cita que a éstos no les consta.

Escenario: las instalaciones de la Consejería de Hacienda. Fecha: 2005. Dentro de esas coordenadas, fuentes del entorno del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, entre ellas su ex abogado, Fernando de Pablo, aseguran que, según aquel, se celebró una reunión en la que participaron integrantes de distintas consejerías. Además del propio ex alto cargo de la Junta, quien el 20 de marzo ingresó en prisión por segunda vez en el ámbito de la instrucción de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, entre los que acudieron a la cita se encontraban, según estas fuentes, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo –entonces viceconsejera de Economía y Hacienda– y el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano –que era director general de Presupuestos–.

Fuentes próximas a Guerrero relatan que en ese encuentro se trató, entre otras cuestiones, uno de los informes emitidos por el principal órgano de control interno de la Administración autonómica «referido a la Consejería de Empleo». Cabe recordar que la Intervención General, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, alertó en múltiples ocasiones del procedimiento administrativo utilizado para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo.

En concreto, el informe especial emitido precisamente en 2005 ya detectó un desfase presupuestario de 38 millones de euros en las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz. Sucesivos documentos evacuados por el órgano de control insistieron en esta práctica. Se enviaron a tres consejerías: Hacienda, Innovación y Empleo.

Las fuentes consultadas por LA RAZÓN mantienen que en la mencionada «cumbre», «Aguayo trasladó» a los asistentes que «tenían que continuar trabajando con el mismo procedimiento y la misma forma».

La consejera declaró en la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE, en agosto de 2012, que no le había remitido al entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, los «868 informes» que dijo recibió del órgano de control «mediante comunicación interna». Con respecto a Griñán se ha mantenido en esa posición, si bien, ayer no dudó en elevar la responsabilidad política, que el PSOE-A centró en Guerrero en la comisión de investigación.

Martínez Aguayo mantuvo en una entrevista en Canal Sur Televisión que no se siente «responsable política» del caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo porque el Ejecutivo autonómico, en la parte de Hacienda, hizo lo que tenía que hacer. «Hizo su trabajo y cuando detectó que había problemas sacó toda la artillería para ponerlos en orden», proclamó. Si bien, preguntada sobre si cree que los ex consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen responsabilidad política, la titularidad de Hacienda fue contundente: «Creo que tienen responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa Consejería durante ese tiempo», en el que se produjeron los hechos que ahora investiga el juzgado número 6 de Sevilla que dirige Mercedes Alaya. En ese sentido, recordó que Empleo era la destinataria de los informes de Intervención General y la directamente aludida «a moverse y actuar». Enclave en el que, según señaló, había un responsable «muy directo y muy claro» que es Francisco Javier Guerrero.

«La responsabilidad clara la tiene un director general –recalcó– que es el eslabón que permite que toda esta trama funcione».

Aguayo insistió además en que lo remitido por parte de la Intervención General fueron «diferencias de imputación contable», que son un «clásico» de dicho órgano, pero, en ningún caso se detectó, como afirmó el propio ex interventor general ante la comisión parlamentaria y ha repetido Griñán en múltiples ocasiones «el menoscabo de fondos públicos ni signos de fraude, porque si no, se hubiera actuado contundentemente», aseveró en la televisión.

En relación a la sesión de trabajo relatada por el entorno de Guerrero, fuentes de la Consejería de Hacienda apuntaron a este periódico que «no les constaba». Es más aseguraron «no conocer» al ex director general ahora encarcelado, «con lo que», matizaron, «difícilmente se ha podido reunir la consejera con él». En la misma línea, fuentes próximas a Lozano, señalaron que al viceconsejero de Presidencia «no le consta y no recuerda» ningún encuentro de esas características «en 2005». En cualquier caso, no descartaron que «en alguna ocasión se haya podido encontrar con Guerrero en el marco de su trabajo como director general de Presupuestos». «Pero», suman, «nunca ha estado a solas con él».

Por su parte, fuentes técnicas preguntadas sobre el presunto «cónclave» indican que «formalmente no responde a un patrón lógico en la Administración». ¿A qué se refería? Según explican a este diario, «lo normal es que a un encuentro de ese tipo, hubiera acudido algún superior de Guerrero, o bien el viceconsejero, o bien el consejero de Empleo». Presencias que no se han confirmado. Ninguno de estos dos últimos círculos consultados quiso opinar sobre el contenido de lo que se pudo hablar en el edificio de Hacienda, en presencia del ex director general. Una pieza clave en la historia de los ERE que en una entrevista concedida a Giralda TV deslizó que su error había «podido ser el silencio». Y sumó: «Pero es que mi silencio lo manejo yo y lo administro como quiero».

Al margen de lo que Guerrero pueda o no contar, Martínez Aguayo se alineó ayer con IULV-CA, que sí situó en la comisión de investigación en Viera y Fernández la responsabilidad por la trama de los ERE. Es decir, marcó distancia, de forma intencionada o no, con el PSOE-A. De hecho, la dirección de este partido mantiene «en estos momentos» la línea con lo fijado el pasado mes de noviembre en su propuesta de dictamen. Así lo aseguró el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien condicionó futuros pasos a que «se produzcan modificaciones o avances en las investigaciones». Y tuvo réplica, Viera se dio por «satisfecho». El diputado en el Congreso no ha sido imputado por la juez, al menos de momento. Por lo que respecta a Fernández, la propia Alaya deslizó en su auto de prisión que «pudiera ser objeto de investigación si en el asesoramiento que pudo recibir en toda su etapa como consejero de Empleo por los servicios jurídicos de la Junta» hubiesen podido prevaler «los criterios políticos sobre los jurídicos» desde el convenio marco germen de la trama.

De vuelta a ese plano político, el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IU en la comunidad, Diego Valderas, tildó de «responsable, valiente y oportuno» que Martínez Aguayo haya subido el listón de los «marcados» por el caso hasta Viera y Fernández. Es más, el izquierdista tomó parte por Aguayo. Entiende y lo expresó, que sus declaraciones «honran a quien las hace».