Guerrero pide a su abogado que se querelle contra Aguayo por prevaricar

El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha dado instrucciones a su abogado, Fernando de Pablo, para que éste prepare una querella por presunta prevaricación contra la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo. ¿El motivo? Quiere regresar al cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica y se muestra convencido de que tiene «derecho a hacerlo» al no estar condenado ni inhabilitado para ejercer un cargo público.

Cabe recordar que el artífice de la etiqueta «fondo de reptiles» declaró a la Policía ser «funcionario del INEM desde los 20 años». De hecho, dirigió una oficina de empleo en la sierra norte sevillana antes de convertirse en alcalde de El Pedroso entre 1995 y 1999 y luego en director general de Trabajo. Esa última ubicación lo ha convertido en pieza clave de la investigación que dirige el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta. La juez Mercedes Alaya lo acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En octubre de 2011 Guerrero solicitó la vuelta a su puesto en la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda que dirige Martínez Aguayo. Optó entonces por «ejercer el derecho de reincorporación» que le asistía, dado que el 1 de noviembre de ese año expiraba la excedencia que, como funcionario de la Junta ligado al ya Servicio Andaluz de Empleo (SAE), había pedido en 2009. Si bien, el Gobierno regional decidió la suspensión provisional de funciones de Guerrero de manera simultánea a su regreso al servicio activo, al entender que, aún teniendo derecho al reingreso, la naturaleza de los delitos de los que Alaya acusa al ex director general justificaba la medida. La Junta se agarró al Estatuto Básico del Empleado Público que dispone que podrá acordarse la suspensión de funciones de forma provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento en los tribunales, incluso si un órgano judicial no lo hubiera determinado así.

Según asegura ahora De Pablo, esa suspensión habría «caducado» y hay otra cuestión, que soportaría la querella que ya prepara. El trato «desigual» que ha recibido Guerrero con respecto a otro de los imputados en la causa de los ERE: el ex director de Trabajo de la Consejería de Empleo Daniel Alberto Rivera.

La instructora ha imputado a Rivera prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos por haber dado «forma y continuidad» a las ayudas públicas. Pese a acumular una acusación más que su antecesor en la Dirección, el Ejecutivo autonómico sí ha admitido su regreso a la plantilla de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en Almería, a la que pertenecía desde 1997. Accedió ocupando una plaza de técnico superior.

El también ex director de Trabajo gestionó una excedencia en abril de 2010 que le fue concedida para ocupar el puesto de responsabilidad en la Consejería de Empleo. Y pese a su imputación en el proceso de los expedientes de regulación irregulares, la Junta, que además sufraga su defensa jurídica, sí lo ha readmitido en el mencionado hospital.

«Están en circunstancias similares, pero han sido tratados de forma distinta y uno de los dos casos es injusto», mantiene el letrado de Guerrero. Éste no practicaría así funambulismo sin red. Defiende que su familia «necesita que trabaje» y hará lo que crea necesario para poder hacerlo, puesto que, insiste, no tiene dinero «en ningún paraíso fiscal». Ser el rostro que desde el Gobierno andaluz se ha asociado casi en exclusiva al fraude de los ERE, asegura, no contribuye a que pueda encontrar un empleo.