Guiño ahora a los usuarios con una multa de casi un millón a Telefónica

sevilla- El Gobierno andaluz ha emprendido una carrera por adoptar medidas que conecten con los ciudadanos y que pongan tierra de por medio con grandes empresas y bancos. Primero fue el decreto antidesahucios que permite al Ejecutivo expropiar durante tres años el uso de las viviendas en las que se vaya a producir un desalojo por impago, y contempla también multas para los bancos o inmobiliarias que tengan casas vacías. El segundo anuncio estrella fue este martes. El Consejo de Gobierno aprobó el decreto contra la exclusión social que, entre otras medidas, contempla que los niños en riesgo de pobreza puedan tener tres comidas al día.

Hay una pugna soterrada entre PSOE e IU por hacerse con la paternidad de las iniciativas. Ayer fue el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, el que tomó la delantera. Avanzó en Huelva las sanciones que, por importe de 920.000 euros, tiene previsto imponer el Consejo de Gobierno a la compañía Telefónica Móviles España por cometer, presuntamente, tres infracciones calificadas como «muy graves» en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Las sanciones son el resultado de las inspecciones realizadas por los servicios provinciales en la campaña de control del sector telecomunicaciones en 2011. De paso, el vicepresidente andaluz avanzó que en los próximos días se iniciarán también expedientes contra entidades financieras por la comercialización irregular de preferentes y destacó la futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía. El objetivo es proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.

Valderas, acompañado por la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, y el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, detalló las causas de estos expedientes entre las que se encuentran la falta de información ni de las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato del coste del servicio de detalle de llamadas; la falta de indicación de precio en telefonía móvil en la modalidad de contrato; no atender la solicitud de desconexión de los servicios de mensajería Premium y de llamadas internacionales y no facilitar factura independiente de los servicios de tarificación adicional. El sector de las telecomunicaciones –adujo Valderas– es uno de los que aglutina mayor número de quejas, con 7.095 –24 por ciento del total– sobre un total de 29.027 registradas en el periodo de enero de 2012 al 23 de abril de 2013.