«Hay que sacar la exclusión social de la contienda política»

–Según los últimos datos que presentó la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, el 43 por ciento de los andaluces está en riesgo de exclusión. ¿Hay que responsabilizar de esta situación a las administraciones, a los bancos, a los empresarios o todos en parte somos culpables?

–Cada uno de nosotros en su medida somos responsables de la pobreza y de no hacer lo suficiente para combatirla. Durante mucho tiempo se ha estado relacionando la pobreza con el empleo. Los últimos datos lo que ponen de manifiesto es que tener un puesto de trabajo no significa salir de la pobreza. Hay muchos trabajadores empobrecidos, sobre todo en un país en el que hay más de 15.000 nuevos ricos y somos el tercer país con los datos de pobreza más abultados a nivel europeo. Falta un compromiso político decidido para combatir la pobreza. Hay que ir, de una vez por todas, a por un pacto de Estado contra la pobreza y, desde luego, sacar la exclusión social de la contienda política. No utilizar a los pobres para el ‘tú más’ o ‘tú menos’. Se tienen que sentar los sindicatos, los empresarios, las organizaciones sociales y las propias administraciones públicas para que entre todos busquemos soluciones, que las hay, ya que falta implicación.

–Las cifras no hacen más que dibujar un panorama desalentador: algo más de un millón de andaluces subsisten con menos de 332 euros al mes y auguró recientemente que, a este ritmo, en menos de ocho años más de la mitad de la población, cerca de cuatro millones de personas, se encontrarán en el denominado «círculo de la pobreza». ¿La Junta está haciendo lo suficiente para cortar esta hemorragia social?

–A la vista está que no. Nosotros cada año hacemos informes sobre la situación basados en datos oficiales. Si Andalucía era la tercera comunidad por la cola en 2015, seguida tan sólo por Murcia y Ceuta, este año es la última, la más pobre de España. Por tanto, algo han hecho bien las otras, algo hemos hecho mal nosotros o una suma de ambas cosas. Es decir, en Andalucía la pobreza ha subido cerca de un punto, la que más ha subido. Murcia y Ceuta han bajado 0,6 puntos. Extremadura, por ejemplo, ha reducido la pobreza 0,5 puntos. Esto te hace ver que con una apuesta de inversión decidida sí se puede. Si no se hace esa inversión, y dejamos las cosas como están, continuaremos en una senda muy negativa. Este año hay 75.000 personas más en la pobreza extrema y el año pasado esas personas estaban en el límite. Los datos empeoran año a año.

–La muerte de una anciana en Reus marcó un punto de inflexión en la denominada pobreza energética. La Junta ha anunciado medidas para combatir este problema, que afecta a un 12,2 por ciento de las familias andaluzas. ¿Sólo las compañías eléctricas han generado esta situación o también tienen mucho que decir los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, a la hora de avisar de los casos más urgentes?

–La responsabilidad es compartida. Primero porque las compañías eléctricas deben saber que todo no van a ser beneficios. Hay un gasto que van a tener que asumir, por su responsabilidad social corporativa. No sólo los ayuntamientos son responsables, sino todas las administraciones. También hay una parte de la población que no demanda la ayuda, de ahí la campaña que realizamos sobre la pobreza invisible. Ahí hay que estar muy alerta. Y no sólo las administraciones locales, sino las empresas suministradoras, que no deberían por ley cortar la luz sin un informe previo de los servicios sociales. Hace falta una mayor coordinación entre todos los actores. Este lamentable incidente de Reus es uno más, pero no me da garantías de que el problema se vaya a solucionar. La solidaridad se mueve por picos. Nos enteramos de que hay gente que ilumina su casa con velas cuando muere una persona, pero cuando pase ese puntito de amor y fraternidad esas personas volverán a estar con velas y olvidadas. Hay que visibilizar la pobreza. Que la gente salga a la calle, no se avergüence de estar pasándolo mal y reivindique sus derechos. Esto me recuerda al caso del niño sirio Aylan. Todas las movilizaciones que se produjeron y en Siria todavía siguen muriendo niños. El corazón se va curtiendo y no nos afecta igual el primer caso que cuando hay 500. La administración juega a ir dilatando el problema en el tiempo. En aquel tiempo iban a venir 100.000, 200.000 o 300.000 refugiados sirios y los distintos Estados de la Unión Europea lo que han hecho es apaciguar el problema y al final se apagó esa explosión de solidaridad. A veces la administración ridiculiza los datos de pobreza, en vez de asumir su parte de responsabilidad. También se tiende a clasificar las pobrezas y ésta lo abarca todo: energía, infancia, vivienda... La pobreza infantil se da porque los padres son pobres. No hay niños ricos en familias pobres. O se combate el núcleo, que es la pobreza, o no avanzamos. Se podrá suavizar la pobreza infantil dando comidas al mediodía y desarrollando programas específicos, pero los niños seguirán siendo pobres.

–El Parlamento aprobó recientemente la nueva Ley de Servicios Sociales. ¿Es una norma útil? ¿Nace con respaldo presupuestario?

–Que haya una Ley de Servicios Sociales ya es un hito. Llevábamos diez años con esta ley entrando y saliendo de los cajones. Estamos satisfechos porque muchas de nuestras aportaciones están recogidas en el texto. Es positivo que por primera vez el sector haya estado en el Parlamento planteando sugerencias. Este año ha sido muy intenso en cuanto a propuestas y trabajo legislativo de la mano de las organizaciones sociales. Me temo que no tendrá mucho respaldo económico porque la ley se aprobó poco antes de los presupuestos, pero lo importante es que se ha puesto la primera piedra. A partir de ahí estaremos vigilantes. De cara a los próximos presupuestos sí pelearemos para que la ley esté suficientemente dotada.

–Ha pedido en reiteradas ocasiones que un 5 por ciento de los presupuestos se dediquen a la lucha contra la pobreza. ¿Las nuevas cuentas andaluzas vienen a paliar los déficits de la comunidad autónoma en materia social?

–Los presupuestos han mejorado en algunos aspectos, pero no llegamos a las partidas anteriores a la crisis. Por ejemplo. Las partidas de la Dirección General de Políticas Migratorias aumentan este año un 18 por ciento, pero no se cuenta que en los últimos tres años hubo un descenso de un 67 por ciento, de un 57 y de casi un 50. Nos movíamos en 5,5 millones de euros y ahora en un millón y medio. Empezamos a remontar pero estamos decepcionados porque es muy poco lo que se ha avanzado. Lo mismo ocurre en las demás Consejerías que afectan a las organizaciones sociales. El plan de choque contra la pobreza que habíamos pedido a todas las administraciones no se ve reflejado en los presupuestos. Ahora se van a salvar kilómetros de carreteras y yo propongo salvar kilómetros de personas. Hemos rescatado a las entidades financieras, a muchas empresas y nadie rescata a la sociedad civil.

–En la carrera de Susana Díaz para convertirse en líder del PSOE, ¿se ha dejado atrás los graves problemas que aquejan a los andaluces? ¿Tiene una mirada social?

–Indudablemente la tiene. Un hito importante para nosotros, a nivel de organizaciones sociales, ha sido la constitución de la comisión del diálogo civil. Es el primer instrumento de interlocución de este tipo que se crea en toda España. Se establecen cuatro reuniones al año, dos de ellas con la presidenta. En menos de tres meses hemos tenido las cuatro y dos veces con ella. Las aportaciones que le hemos hecho normalmente las ha recogido. Hay que decir también que el sector demanda cosas reales, no pedimos peras al olmo. Es cercana y, cuando no puede, te dice «no puedo», lo cual no significa que nosotros no vayamos a insistir en que hay que llegar a eso. En la última se cerró en falso el asunto de la renta básica. Había un compromiso de la presidenta de establecer un grupo de trabajo en el segundo semestre, cosa que no se ha hecho. No nos queda otra que seguir demandando y presionando. Con la renta básica se acabarían todos estos datos de pobreza. Hay una buena interlocución con las organizaciones sociales, la presidenta es receptiva a nuestras propuestas, pero queda mucho que avanzar para llegar a tener una comunidad autónoma solidaria en la que las personas tengan sus derechos. Estamos muy lejos, por ejemplo, del País Vasco.

–Otra reivindicación que comparten muchas ONG es que las subvenciones se abonen tres meses después de su aprobación y que sean plurianuales, para que haya una mayor planificación. ¿Hay voluntad en el Ejecutivo andaluz de llevar a efecto esta medida? ¿Todavía hay cantidades pendientes de pago?

–La Junta hizo un esfuerzo para ponerse al corriente del pago con las organizaciones. No nos movemos en las cifras que nos movíamos antes. En la convocatoria de subvenciones se ha ido muy lento, de hecho en 2015 no hubo convocatoria. La de 2016 fue muy tardía y todavía no hay nada para 2017. Hay una modificación de la normativa, así que veremos a ver cómo sale la próxima. Ven que lo que pedimos es real y justo, pero no saben cómo afrontar las ayudas porque la Ley de Subvenciones coarta mucho a la hora de trabajar. A nivel europeo se permite la contratación directa con organizaciones sociales cuando hay un interés general. España no ha hecho la trasposición de esta directiva europea. Por otra parte, tenemos la Ley del Tercer Sector, de hace dos años, pero la Junta aduce que la norma está muy encorsetada y hasta que a nivel nacional no haya modificaciones no se podrá hacer nada. Estamos peleando porque hay comunidades que sí lo hacen, y Andalucía debe hacerlo también. Estos asuntos se tratarán en la próxima reunión de la comisión del diálogo civil. A partir del próximo año empezaremos a reclamar una Ley del Tercer Sector propia.

–Estas subvenciones, en la mayoría de los casos, son las que permiten el mantenimiento de las ONG y también posibilitan la generación de puestos de trabajo. ¿Se puede crear empleo de calidad en el sector social o está supeditado a los vaivenes presupuestarios?

–El sector crea empleo de calidad y estable, lo que ocurre es que nos movemos a nivel de convocatorias anuales. Se han perdido muchas convocatorias y mucho dinero. A nivel europeo se han perdido muchos fondos por miedo, por no saber quién tiene que firmar o falta de decisión política. El tema de los ERE ha hecho mucho daño en Andalucía. Se pueden hacer los convenios a dos años y se puede hacer la concertación directa. Luego se meten las empresas de servicios sociales y al final la mejora que fijamos se pierde. Hoy en día el baremo para llevarte cualquier concurso público es cien por cien económico y no se contemplan gastos de mejora. Las organizaciones estamos asfixiadas en ese sentido. Luego, los controles fiscales que tienen las ONG son tremendos. El dinero que se emplea en el sector está garantizado para lo que se dice. Hay una rigidez especialmente tremenda que si hubiera estado en otros sectores no habríamos visto los casos que hemos visto en Andalucía y España. Somos un sector muy transparente e invertimos muy bien los dos duritos que nos dan.

–La Junta aprobó recientemente la incorporación de cláusulas sociales para favorecer la inserción laboral de colectivos con dificultades. ¿En qué sentido puede ser una medida positiva e integradora?

–La patronal del tercer sector y los sindicatos tienen que vigilar que se cumplan esas cláusulas. Cuando se hace una oferta desde la propia administración pública por un precio inferior al que exige el convenio de intervención social, debe ser impugnado. Hasta que no se comience a denunciar a las administraciones difícilmente vamos a mejorar la calidad de vida de las personas.

–En los procesos de negociación la Junta reconoce como interlocutores a los sindicatos y a la patronal. ¿Va siendo hora de que también incluya al sector social?

–Hoy en día estamos en un contexto totalmente distinto. Pedimos la modificación de la Constitución. Por un lado, que los derechos fundamentales sean subjetivos, que los servicios sociales no sean sólo competencia de las comunidades –el Estado debe nivelar los servicios para garantizar que se nazca donde se nazca se tengan los mismos servicios y derechos– y una mayor representatividad. En aquel momento los sindicatos eran los movilizadores de la sociedad. Ahora la sociedad quiere un papel más protagonista. Queremos ser un agente social más reconocido y para eso hay que modificar la Constitución. Y mientras tanto pedimos que todas las leyes pasen por la comisión del diálogo civil, ya que tenemos que aportar porque somos la voz de las personas. Nos tienen que escuchar sí o sí. La forma de hacer política ha cambiado, y eso se ve en el arco parlamentario. La gente quiere participar, pero hagámoslo al mismo nivel.