Ingenieros alertan del «engaño» de bajas excesivas en presupuestos de obras

El Gobierno celebraba en 2007 la adjudicación del segundo puente de Cádiz a la empresa Dragados por 272,9 millones de euros. Fue Magdalena Álvarez –ex ministra de Fomento e imputada en el fraude de los ERE– la que se apuntó la «medalla» de la excepcional rebaja de presupuesto. Ocho años después, ha sido la ministra popular Ana Pastor quien ha cortado la cinta pero también quien deberá responder por el sobrecoste de un coloso que ha «engullido» 510 millones. ¿Qué ha pasado para que el proyecto se dispare de esa forma? «Las cosas cuestan lo que tienen que costar. Distinto es que nos engañemos adjudicando y licitando a grandes bajas como está pasando ahora mismo. Cualquier obra se adjudica con unas bajas por encima del 40 e incluso hasta el 60 por ciento». Así explican los ingenieros de caminos la práctica del desvío presupuestario que se ha convertido en el día a día en la obra pública.

La Ley de Contratos del Sector Público establece, de hecho, como baja anormal «las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas» si concurren más de tres empresas. De esta forma, los contratos con más de tres ofertas permiten «apretar» unos precios que se descartarían en otro caso si la rebaja excediera del 25%.

«Las empresas ya saben que eso no va a ser así y la Administración también, son conscientes plenamente. Me parece una falta de respeto al técnico que redacta el proyecto, para que al final termine costando eso o más», defiende Abraham Carrascosa, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía. Carrascosa entiende que estas actuaciones levanten además recelos en la sociedad, que ve cómo se dispone de recursos públicos incumpliendo los contratos: «Se engañan a la ciudadanía». Sobre la responsabilidad de mantener este sistema que considera «perverso» señala que «la Administración es quien contrata, ella puede puede poner las normas. Las empresas, por suerte o por desgracias, están en el mercado y si el mercado me obliga, tengo que contratar. Sobre todo si después sé que voy a llegar al precio que quiero. La otra opción es cerramos todos y nos vamos fuera de España», sentencia.

El ejemplo del puente de Cádiz es el último, pero ni mucho menos el único. De hecho, los ingenieros coinciden en señalar que actualmente todos los contratos de obras públicos incurren en bajas desproporcionadas. «No digo que no haya rebajas porque hay quien tiene mejor sistema de contratación o las grandes empresas consiguen mejores precios, pero hablaríamos de cifras entre un 10 y un 15%, lo que sería una baja normal. No se puede entender que valga un 60% menos de lo estipulado y la prueba es que después vale lo que vale», insiste Carrascosa. El metro de Sevilla –del que los ingenieros reclaman retomar las líneas 2, 3 y 4 que completen la red–, fue otra gran obra con una generosa desviación presupuestaria: de los 461 millones iniciales se fue hasta los 658 millones. Eso sin incluir la reclamación de la constructora por el retraso en la ejecución, que sumaría otros 150, según sentencia judicial recurrida por la Junta. Algo similar ocurrió en Málaga, donde el metro se presupuestó en 400 millones que se convirtieron en 599 millones con su puesta en marcha. No solo la Junta y el Gobierno sufren millonarios desvíos presupuestarios. En Sevilla, el Metropol Parasol de la plaza de la Encarnación duplicó su presupuesto, de 50 a 100 millones.

«Los Presupuestos dan igual, lo que queremos ver es cuánto se ejecuta. Si los hacemos y luego ejecutamos el 10, el 20 por ciento o nada... Esa cuenta es difícil de conocer», critica ante la opacidad de las administraciones. De ello culpa a la Junta pero también al resto de grupos parlamentarios. «El control debería ejercerlo la oposición, no los ingenieros», concluye.