Inspectores confirman «represalias» a los críticos con la gestión de las altas laborales

Afirman tener dudas «éticas y jurídicas» en torno a las reuniones de evaluación conjunta con médicos de las mutuas

En el ámbito de la inspección sanitaria andaluza ha surgido un movimiento de reacción por parte de profesionales médicos, funcionarios de carrera, que se oponen a determinados aspectos de la forma actual de control de las bajas laborales. Desde IULV-CA se alertó en una Proposición no de Ley (PNL) parlamentaria de la existencia de este «malestar» por las «sesiones de valoración conjunta» que se llevan a cabo entre los médicos de las mutuas y los inspectores de la Junta para dar altas laborales a pacientes sin la intervención de éstos y sin contar con la opinión de los médicos de familia, como ya informó LA RAZÓN hace unos días. Ahora Esperanza Morales, con 25 años de trabajo a sus espaldas en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) de Sevilla aunque recientemente jubilada, asegura a este periódico que durante sus últimos años de actividad «vivió situaciones de aislamiento» por parte de «los altos estamentos de la inspección» que implantaron, dice, «una línea de actuación cada vez más autoritaria».

La doctora sigue en contacto con ex compañeros con los que comparte que una de las principales funciones de la inspección sanitaria es «velar por el cumplimiento de los derechos de los pacientes y vigilar que éstos hagan un buen uso de las prestaciones, tanto sanitarias como económicas, dentro de sus bajas médicas». Sobre esa base ha podido saber que los mismos tienen «dudas éticas y jurídicas» en la aplicación del procedimiento «impuesto» por la Subdirección General de Inspección, perteneciente a la órbita de la Consejería de Salud que capitanea Marina Álvarez, para gestionar las propuestas de altas de las mutuas. Las primeras, las de carácter ético, están hilvanadas a las reuniones que «los médicos inspectores realizan semanalmente con los de mutuas en las que se les suministra a éstos información procedente de la base de datos del sistema público de salud» por lo que lo inspectores se preguntan «hasta qué punto se está haciendo un mal uso de una información pública». Las segundas, las jurídicas, responden al hecho de que en esas sesiones conjuntas de evaluación, «en la mayoría de los casos, se acuerda el alta laboral, firmando el inspector médico un alta diferida que se hace efectiva en quince días, prescindiendo de la participación obligatoria del médico de familia». Esta práctica «heterodoxa» provoca además un alargamiento innecesario de los «procesos de baja».

Morales explica que sus ex colegas han expuesto estas cuestiones a los superiores porque piensan que «se puede estar bordeando la legalidad» como advertían desde IU. Lo han hecho en concreto en Sevilla, con ocasión de «las reuniones semanales para evaluación de casos clínicos» que se celebran en la UMVI y en el marco de «otras sesiones de información con la dirección provincial de la inspección», obteniendo como única respuesta que «hay que seguir las órdenes por el principio de autoridad».

La doctora afirma que «ha habido represalias» contra los inspectores que se han atrevido a cuestionar el sistema, las cuales han variado «desde la apertura de expedientes disciplinarios, hasta el desplazamiento a otros puestos de trabajo, con el fin de excluir a los afectados de la relación o trato con las mutuas». A algunos de ellos se les ha trasladado a la «Delegación, con notoria merma de sus funciones y dedicación», señala. Y hay más. Se les ha sustituido en la unidad de valoración de incapacidades «por médicos del cuerpo administrativo de la Consejería de Salud» del Ejecutivo regional que «no están habituados a ver pacientes ni familiarizados con la entrevista clínica, exploración e interpretación de pruebas diagnósticas» y desconocen si cuentan con «el reciclaje adecuado para desempeñar la función de evaluación clínica que se realiza en la UMVI».

En la PNL de IU ya se mantenía que había profesionales que habían tenido que resistir el embate de ser «apartados o alejados de sus funciones anteriores» y se escalaba en el tono para plantear que para introducir lo que se tildaba de formas «fraudulentas», se requería no sólo de un «'anómalo protocolo' preestablecido», sino también de la «complicidad de quienes participan en el mismo».

IULV-CA planteó una batería de peticiones en una PNL

Con su Proposición no de Ley (PNL) IULV-CA pretendía que desde el Parlamento andaluz se instara a la Consejería de Salud del Gobierno autonómico a suprimir las «sesiones de valoración conjunta» entre los médicos de las mutuas y los inspectores, ya que, entre otras anomalías, «no están contempladas en la legislación» en vigor, según advertía en su texto. Reclamaba además que se difundieran «los requisitos de titulación, conocimientos contratados y tiempo de experiencia profesional» de los médicos de las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades (UMVI) y exigía que se anularan «aquellas medidas de carácter disciplinario o similar adoptadas» contra los inspectores críticos. La federación de izquierdas abogaba también por que se fijen «mecanismos y normativas claras de coordinación y colaboración» entre las distintas entidades que intervienen en la gestión de las bajas laborales para evitar, entre otras cuestiones, la «multiplicidad de citas con desplazamientos» a la que tienen que hacer frente a veces los pacientes, con los gastos que ello conlleva, e incluso que éstos pudieran compensarse.