Inútil resistencia de la Junta

La Junta de Andalucía se empecina en su discurso, se enronca y no admite que no basta con recortes puntuales de gasto para cumplir la senda de estabilidad presupuestaria acordada con los socios europeos de España. El problema de la Administración autonómica es que hay que reforzar su estructura, dimensionar su tamaño y hacerla más funcional. Sólo así se garantizarán la prestación de servicios públicos esenciales para los próximos años. La nueva consigna que emana del bipartito de que el problema de las cuentas andaluzas no es de gastos sino de ingresos es poco consistente, sobre todo cuando todavía existe margen para adecuar la realidad del dinero con el que cuenta la Administración autonómica con la cartera de servicios que presta. Hasta las centrales sindicales han admitido que deben adelgazar su estructura para garantizar su superviviencia. Sin embargo, la Junta no lo acepta. Una de las principales obligaciones de cualquier Gobierno es pagar en tiempo y forma los servicios que contrata. La morosidad de las Administraciones públicas es uno de los grandes problemas del sector privado y el causante de muchos cierres de empresas. En el caso andaluz, se suma el oscurantismo de los datos. La decisión de la patronal de obra pública de llevar el informe de la Cámara de Cuentas al Tribunal de Cuentas es un ejemplo. Sería deseable que este organismo revise y analice en profundidad el trabajo para ver hasta qué punto la contabilidad de la Junta refleja fielmente las deuda global de la Administración. Ése es el verdadero reto del bipartito: plantear su proyecto político desde el realismo de los ingresos.