Invercaria «blinda» con un seguro la responsabilidad de sus administradores

La sociedad pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria), dependiente de la Agencia IDEA de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo va a contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil para sus altos cargos y directivos para «blindar» su actuación en las empresas en las que éstos participen. En este sentido, ha adjudicado un contrato por importe de 49.850 euros para cubrir los riesgos derivados de la actuación de «toda persona física, remunerada o no, debidamente nombrada de acuerdo con la ley o los estatutos de Invercaria y sus sociedades dependientes» y que desarrolle labores de «administrador, consejero, consejero delegado, director o gerente, que ostente funciones de alta dirección, así como toda persona física, representante permanente de persona jurídica administradora o persona física nombrada o elegida, conforme a la legislación extranjera, para cargos similares».

Según se detalla en el pliego de condiciones, el asegurador «garantiza a los asegurados el pago de un siniestro procedente de toda reclamación presentada en su contra durante el periodo contractual, por la que incurran en responsabilidad civil personal o solidaria, e imputable a todo acto culposo, real presunto, cometido en el ejercicio de sus funciones como administradores o directivos, en el supuesto de que la sociedad no haya indemnizado a los asegurados en relación con dicha reclamación».

En la práctica, supone un amplio colchón para los altos cargos nombrados por Invercaria en cualquier sociedad en la que participe la empresa pública con dinero procedente de los Presupuestos de la Junta. De hecho, «el asegurador garantiza el pago de los gastos de defensa procedente de toda reclamación presentada en su contra durante el período contractual, por la que incurran en responsabilidad civil personal o solidaria, e imputable a todo acto culposo, real presunto, cometido en el ejercicio de sus funciones como administradores o directivos con las exclusiones de reclamaciones originadas por obtención de ventaja personal, pecuniaria o remuneración a la que el asegurado no tenga derecho o mala conducta intencional o un acto criminal, doloso o fraudulento cometido por asegurados o prácticas abusivas de empleo».

La amplia cobertura exigida para los representantes de Invercaria incluye «anticipo de gastos de defensa, gastos de restitución de imagen, fianzas y gastos de aval concursal».

Fuentes consultadas por este periódico señalan que se trata de una práctica habitual en la empresa pública según las directrices marcadas por la Agencia IDEA.

Se da la circunstancia de que Invercaria tiene en la actualidad varios frentes judiciales abiertos. El 27 de julio de 2011, el ex trabajador Cristóbal Cantos presentó una demanda por despido nulo que, tras el fallo del juzgado de Primera Instancia, está pendiente de recurso de suplicación.

Tras trascender unas grabaciones obtenidas por éste en las que se ponían de manifiesto, entre otras cosas, la posible reconstrucción de expedientes de ayudas, la Fiscalía ordenó la apertura de diligencias de investigación penales que se instruyen en el juzgado 16 de Sevilla.

A su vez, Invercaria ha presentado una querella contra Cantos por presunto delito de falsedad documental y estafa procesal, así como una acción civil de reclamación de daños y perjuicios por atentado contra la imagen, honor y reputación de la empresa pública de capital riesgo.

Por orden del titular del juzgado de Instrucción 16 se revisa la gestión y préstamos concedidos por Invercaria en los últimos años. El pasado martes la ex presidenta de la empresa pública de inversión Laura Gómiz declaró en calidad de testigo ante agentes especializados en blanqueo de dinero de la Udyco. También lo hizo Juan Manuel González Mejías, sobrino de Felipe González, que presidió Invercaria durante tres meses.

GÓMIZ LO GESTIONÓ

El contrato de seguro de responsabilidad de administradores y directivos de Invercaria ha sido adjudicado a la empresa Dualibérica por 49.850 euros –salió licitado por 50.000 euros–, ya que ha presentado «la oferta más ventajosa». La decisión aparece firmada por el actual presidente, Francisco Álvaro Julio, el pasado 23 de enero tras tres reuniones de la mesa de contratación y el contrato se firmará en un plazo no superior a quince días. Las gestiones para este contrato las ha llevado Laura Gómiz, que, tras apartarla de la presidencia de Invercaria cuando salieron a la luz las grabaciones, permanece trabajando en la sociedad pública.