Bruselas
Invercaria encarga un informe jurídico sobre qué pueden hacer sus directivos
Una auditora asesorará sobre el marco legal después de que existan casi 30 imputados
La empresa de Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) ha adjudicado un contrato a la auditoría Kpmg para que asesore legalmente sobre el marco normativo de la empresa pública dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo y exponga «el adecuado encuadramiento de su actividad para el desarrollo de las funciones de sus órganos de gobierno y la toma de decisiones». La Junta gastará 10.000 euros en este informe sobre los 30.000 inicialmente previstos.
Esta decisión de Invercaria sorprende por el momento en el que se toma. El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investiga la presunta malversación de fondos públicos en esta sociedad adscrita a la Agencia IDEA y en los préstamos concedidos desde su constitución en 2005. El caso ha despertado el interés de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que ha pedido información a la Fiscalía para decidir si investiga las ayudas de Invercaria ya que parte de los fondos gestionados provienen de Bruselas. La causa acumula ya 28 imputados.
Entre los encausados se encuentra la cúpula del consejo de administración de Invercaria, que ya prestó declaración a finales de octubre por una de las operaciones que autorizó. En concreto, por la concesión de una subvención de 1,7 millones de euros para el desarrollo de un portal web Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) que nunca se llegó a realizar. Entre los que prestaron declaración se encuentran el ex director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA , Juan Vela Quiroga; Ramón Martín López, consejero de Invercaria desde su constitución en 2005; Isabel de Haro Arrambari, ex secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta; Jacinto Cañete Rolloso, director general de la agencia IDEA entre mayo de 2008 y diciembre de 2009; y Bienvenido Martínez, director de Inversiones Estratégicas de IDEA.
En marzo, varios de ellos están citados de nuevo en el juzgado en relación al préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa pese a que presentaba fondos propios negativos y no había entregado ni plan de negocios ni análisis de inversión. La documentación que le abrió las puertas de la Junta consistió en dos folios manuscritos.
Los ex directivos de Invercaria, en líneas generales, han esgrimido en el juzgado que las decisiones las tomaba el entonces presidente de la sociedad Tomás Pérez Sauquillo y que ellos no conocían al detalle los proyectos en los que se invertía. Con este informe sobre el «marco legal» de Invercaria –pese a que lleva operando nueve años– la Junta podría tratar de defender su actuación pasada más que aclarar el nuevo funcionamiento que debe regir la sociedad. El encargo será costeado con fondos públicos.
Este procedimiento no es nuevo en la Administración andaluza. En el caso de los ERE también se encargó un informe a un despacho de abogados sobre el funcionamiento de la dirección general de trabajo y seguridad social de la Consejería de Empleo, el centro directivo desde el que se concedían las ayudas. El trabajo de Garrigues señaló numerosas irregularidades en la gestión de los fondos. Sin embargo, no fue atendido por los sucesivos altos cargos que lo recibieron y posteriormente ha servido como argumento para algunas de las imputaciones de la juez Alaya.
El origen del caso Invercaria se remonta a un informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas en 2010. En esta auditoría, que dio origen a las pesquisas judiciales, ya se manifestaban varias de las irregularidades de la empresa pública como la falta de criterios establecidos «para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, los importes máximos o mínimos a conceder o los factores determinantes del tipo de interés del préstamo» a conceder.
Adjudicado por 10.000 euros.
El trabajo, licitado por 30.000 euros, ha sido finalmente adjudicado por 10.000 euros a la empresa KPMG y solicita hasta un informe sobre cómo desarrollar la toma de decisiones
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