Invercaria externaliza la gestión de cobros de sus créditos fallidos

La empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) continúa vaciándose de actividad a la espera de su posible integración en la Agencia IDEA, intención que anunció el consejero de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, que justificó esa decisión en que «si hay mucha dispersión de áreas se puede ganar en profundidad, pero se pierde en control». En una entrevista con Europa Press apuntó «que se han disminuido direcciones generales y secretarías generales con la consiguiente fusión; ha habido mucha amortización de mucha estructura, no sólo por cuestiones de austeridad y ahorro, sino porque era preferible que el grueso de las grandes líneas de intervención estén en personas capaces y podamos tener una interlocución muy directa todos los días».

La sociedad, objeto de una investigación que investiga el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, ha licitado un contrato de «servicios jurídicos para la reclamación de los créditos de los que fuera titular el grupo de sociedades con matriz Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía derivados del incumplimiento de los contratos formalizados en desarrollo de los programas de financiación a empresas». En la práctica supone externalizar algo tan sencillo como la gestión de cobros: recuperar un dinero público que sale anualmente de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

El contrato asciende «como máximo» a 60.000 euros –no incluye IVA– y tendrá una duración de 24 meses.

De forma paralela, también ha licitado otro para la «contratación de los servicios de procuraduría para los procedimientos judiciales de reclamación de los créditos de los que fuera titular el grupo de sociedades de Invercaria». En este caso, la cuantía límite del mismo es de 12.000 euros más IVA por el mismo periodo de tiempo.

A estos contratos hay que sumar el seguro de responsabilidad civil contratado para los directivos de Invercaria del que ya informó ayer este periódico.

Según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que dio origen a la investigación judicial sobre Invercaria, «los préstamos concedidos a terceros, incluyendo los correspondientes a empresas participadas, son financiados con fondos propios de Invercaria o por la Agencia IDEA y se engloban en cinco Programas: Atlantis, Campus, Melkart, Gaya y un quinto programa que encuadra todos aquellos préstamos otorgados cuya financiación proviene de fondos propios de Invercaria y que no se incluyen en ninguno de los cuatro programas anteriores». A 31 de diciembre de 2009, el importe total de la financiación concedida era de 41.616.467 euros.

El órgano fiscalizador ya alertó de que «el papel esencial de Invercaria es, una vez resueltos los proyectos, comunicar a los interesados si su proyecto ha sido aprobado o no, preparar y firmar la póliza de crédito de los proyectos aprobados, hacer el seguimiento de éstos y gestionar el cobro de intereses y del principal del préstamo concedido».

Esta última función tampoco la hace, ya que la empresa que preside Francisco Álvaro Julio subcontrata el servicio. En el pliego deja claro que «el personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo».

¿Qué funciones realiza Invercaria desde 2005 que no podían ser asumidas, por ejemplo, por la Agencia IDEA? Según la Cámara de Cuentas, «asumir el riesgo de impago por parte de los beneficiarios». El responsable de los programas de ayudas es la Consejería de Innovación y los fondos los aporta la Agencia IDEA, mientras que Invercaria asume el riesgo, situación que cambiaría si Invercaria desaparece. Recuperar esos fondos públicos quedará ahora en manos de una empresa ajena a la Administración.