Investigan una adjudicación local «a dedo» en San Roque

Un juzgado abre diligencias tras denunciar una empresa «arbitrariedad» en un concurso en el que se tomaron «decisiones burdamente ilegales».

El juzgado mixto número 1 de San Roque, en Cádiz, ha reclamado al Ayuntamiento de esa localidad, que dirige el alcalde Juan Carlos Ruiz (PSOE), el expediente «completo» vinculado a la adjudicación del contrato de servicio denominado «Celaduría, limpieza y mantenimiento integral de los campos de fútbol municipales». ¿Por qué? En un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez sustituto de ese órgano judicial, Francisco Javier de Lemus, ha acordado incoar diligencias previas para investigar los hechos relatados por la empresa Agua&Green Mantenimiento Medioambiental, una de las licitadoras que optó al concurso público para hacerse con la mencionada contrata, en una denuncia que interpuso el pasado diciembre por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.

El equipo de gobierno municipal negó que existiera tal denuncia, pero el juzgado notificó a las partes implicadas en el proceso el día 7 de este mes su decisión. ¿Cuál es el motivo de que Agua&Green recurriera a la Justicia? En resumen: «Una voluntaria y consciente simulación de un acto administrativo, para enmascarar la adjudicación a dedo de un contrato». Párrafo extraido de su denuncia.

En el escrito, el abogado de la sociedad descalificada, Ramón Escudero, sostiene que tanto «en el transcurso del procedimiento de licitación como en la adjudicación final del concurso» se produjeron «una serie de irregularidades» que «incumplen lo establecido en las bases y en la legislación aplicable» y que provocaron que la interventora del Ayuntamiento se autoexcluyera del procedimiento e incluso quedaron reflejadas en el acta y en el decreto de 24 de septiembre de 2015 que resolvió la licitación. Para completar el cuadro al juzgado, el letrado advierte de una «patente arbitrariedad» y de que se han tomado «decisiones burdamente ilegales, más allá de cualquier lógica interpretativa de las normas y tendentes a favorecer a una de las empresas concursantes». ¿A quién? A la designada adjudicataria, pese a que, según la denunciante, no cumplía con los requisitos, «ni formales ni de fondo», exigidos para optar siquiera al contrato: Deporsur, Obra Civil y Mantenimiento Integral SL. Una entidad «creada ‘ex profeso’» para esa contratación que «no tenía personal» cuando optó a ella y sus medios técnicos «se limitaban a una retroexcavadora, una carretilla elevadora y un vehículo todoterreno».

Desde ese punto de partida, Escudero defiende que el desenlace del concurso no sólo es contrario a derecho y nulo, «sino que ha existido una intención evidente de la Mesa» de «entregarlo», según trasladó al juez.

Entre el rosario de anomalías relatado llama la atención que uno de los miembros de la Mesa, J. C. C. S., «tiene una relación sentimental con A. N. de C., secretaria del Ayuntamiento», y es el «encargado, coordinador y supervisor del mantenimiento y adecuación de las instalaciones deportivas de carácter municipal cuya gestión estén encomendadas a un tercero a través de cualquiera de las modalidades de contratación administrativa». Cargo al que «fue ascendido por decreto del alcalde de 24 de julio de 2014», consta en la denuncia, sin tener «formación académica ni experiencia» que lo justifique. Para Agua&Green, su nombramiento es «contrario a los estatutos de Emadesa, la empresa municipal que ha pasado a dirigir» y su presencia en la mencionada Mesa de contratación, cuestionable, dado que, según la información que manejan, «la empresa adjudicataria está íntimamente relacionada con los intereses» de J. C. C. S.

La empresa ha aportado al proceso la grabación de una conversación en la que supuestamente el concejal de contratación admite, entre otras cuestiones, conocer donde estaba «el trapicheo».