IU ataca al PSOE... sobre el papel

El ladrón honrado por antonomasia que quitaba a los ricos para dárselo a los pobres ha inspirado actos reivindicativos de la facción más a la izquierda de IU pero también la revolucionaria Ley de Función Social de la Vivienda, cuya medida más destacada es la expropiación temporal de pisos a entidades bancarias para mantener un alquiler social a familias desahuciadas durante tres años. Un «Robin Hood» desfigurado que al mes siguiente no dudaba en seccionar por tercer año consecutivo la paga extra de los funcionarios de la Junta. Esos vaivenes mantienen en vilo a los votantes de la formación, que pacta recortes sociales con la misma naturalidad con la que anuncia el fin de los «desahucios energéticos» en virtud de un decreto que beneficiaría a 54.000 andaluces y que supondría un desembolso extra de 20 millones de euros al Gobierno autonómico. Un anuncio que el vicepresidente Diego Valderas lanzó para contrarrestar la dureza de unos Presupuestos que no contemplan –ni permiten a priori–excesos como éste.

La otra gran baza, que además se incluyó en el «Acuerdo por Andalucía» suscrito por el bipartito, es el Plan de Vivienda y Rehabilitación. La Consejería de Fomento y Vivienda trabaja con una asignación presupuestaria mermada respecto a 2013, en total 561,7 millones –un 2,2% menos–. De ellos, 139,7 millones estarían destinados a los programas de vivienda, rehabilitación y suelo. Una cantidad superior en un 11,2% a las cifras del presente ejercicio, pero que engloba todas las medidas de este área. El plan elaborado por el departamento de Elena Cortés es ambicioso, tanto que ninguna de las líneas de actuación contempla financiación específica alguna. Todo el futuro decreto –cuyo borrador está pendiente de aprobación definitiva– pende de las «disponibilidades presupuestarias» del momento.

El texto reseña que un alto porcentaje competencial lo compartiría con los entes locales, a los que obligará por ejemplo a asumir el coste de las tasas e impuestos por obras de rehabilitación, privándoles de estos ingresos. La Junta también se plantea incentivar estas actuaciones mediante enmiendas fiscales, consciente de que comprometerse a un desembolso es inviable.

Sin embargo, el grueso de la aportación económica, y prácticamente el único motor con el que cuenta, lo descarga sobre los propietarios y empresarios. Rehabilitación y eficiencia energética son las dos patas principales de un plan que hace aguas en ese sentido. «La concesión de cualquier ayuda derivada de las actuaciones contempladas en el presente Plan Marco o en sus instrumentos de desarrollo estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes», reitera el borrador, que determina que se financiará «mediante las consignaciones que a tal fin se establezcan anualmente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma».

Frente a la adhesión sin fisuras que ha mostrado públicamente, IU se permite sobre el papel lanzar críticas nada veladas a la gestión de su socio de gobierno. A lo largo de la redacción del Plan carga contra los ejecutivos regional y estatal del PSOE en la legislatura anterior. En su alegato inicial para plantear soluciones al problema de la vivienda, los sitúa como origen del conflicto, acusándolos de una «apuesta por los desarrollos urbanos expansivos y sobredimensionados» fundados en la nueva edificación. «No previeron las consecuencias sobrevenidas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria», apunta el borrador, que de momento no ha pasado la criba del Parlamento.

La realidad es que el documento con 250 iniciativas y 31 compromisos legislativos que IU «impuso» para formar Gobierno sucesivamente con José Antonio Griñán y Susana Díaz, de momento ha tenido una mínima repercusión cuantitativa. Cualitativamente, le ha sacado el mayor rédito a sus medidas sociales. Esa línea es la que pretende explotar la formación de izquierdas para bombardear desde dentro a un PSOE que le concedió una cuarta parte del peso específico de la Junta pero que luego se traduce en apenas un 4 por ciento del presupuesto.

Valderas querría así rentabilizar de cara a sus votantes un decreto también de claro trasfondo social, bombardeando desde dentro a su propio gobierno. Los veinte millones que se estima que costaría la medida, sin embargo, no entraban en las cuentas del PSOE, a juzgar por la desautorización inmediata de su portavoz, Francisco Álvarez de la Chica.

Entre la realidad de sus actos y lo bienintencionado de sus ideales, IU juega a identificarse como víctima en las decisiones duras y como estandarte de los desahuciados en una Junta que ha hecho de los recortes su bandera.