IU propone que un proyecto de ley mejore el decreto de renta mínima

Tanto los partidos políticos como las entidades sociales coincidieron en valorar positivamente la aprobación de la renta mínima de inserción, aunque destacaron que es una medida «insuficiente» a tenor de las abultadas cifras de personas en riesgo de exclusión en la comunidad autónoma. IU lidera este movimiento crítico y, tras reunirse ayer con la plataforma «Compromiso social por el progreso de Andalucía» –integrada por CC OO, UGT, Feansal, EAPN, y UCE–, anunció que apoyará la ratificación del decreto «como medida urgente», aunque propuso que, posteriormente, se inicie un procedimiento de proyecto de ley para que se produzcan las mejoras necesarias.

El coordinador general de la coalición de izquierdas en Andalucía, Antonio Maíllo, recordó que mañana la iniciativa se analizará en el seno de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, un primer paso para un posterior proyecto de ley que «mejore el decreto y persiga el derecho subjetivo a una renta básica», el objetivo que siempre ha defendido el partido, los sindicatos y las entidades sociales.

Según Maíllo, el visto bueno de la Cámara «demostrará que no hay voluntad de cerrar algo que ha sido indicativo», sino convertirlo «en un punto de partida para mejorar todos los aspectos que sean suceptibles de mejorar».

Estos cambios pasarían, a su juicio, por una mayor dotación presupuestaria «en cuanto se perciba que la demanda va a ser mucho mayor con las cantidades existentes». Esto se verá «claramente» tras una primera evaluación a finales de marzo. En cuanto a los trámites burocráticos que exige la Junta para la concesión de la renta, subrayó que «son obstáculos objetivos al derecho, atendiendo al perfil de los solicitantes». Igualmente, consideró una «barbaridad» el hecho de que prevalezca el silencio administrativo, puesto que las personas a las que se les deniegue la prestación «deberían tener la posibilidad de formular alegaciones».

Las entidades sociales ya consideraron insuficiente la previsión inicial de cobertura, que la Junta cifra en 45.000 familias. Alrededor de 247.000, según la ONG, reunirían los requisitos de acceso. También criticaron la partida de 198 millones de euros para este fin y señalaron que sería necesario aumentar el presupuesto hasta los 670 millones.

De otra parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, mantuvo un encuentro con representantes de entidades locales de Almería, Granada, Jaén y Málaga para informarles de la puesta en marcha del decreto.