Juan Lanzas en el laberinto de las aceitunas

Dicen que es amigo de Gaspar Zarrías, el hombre que durante la era Chaves (a su sombra, 20 años de poder nos contemplan) se encargaba de mantener el orden en, valga más ahora que nunca el símil, el cortijo andaluz y el que alguna vez se postuló como lateral derecho del equipo de sus amores, el Atlético de Madrid.

Las palabras de Juan Lanzas –en prisión provisional sin fianza por los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho– adquieren un eco nítido que reverbera en el proceso en tanto la juez Alaya habla ya de que «las piezas del puzzle comienzan a encajar». «¿Si yo tuviera tantos millones como dicen, iba a estar recogiendo aceitunas?», comentaba Lanzas en los pasillos del juzgado, taciturno pero afable, con barba de varios días, ojeriza y abrigo deportivo, durante las alrededor de 20 horas que estuvo esperando para que su señoría le tomara declaración. Todo ello, con la convicción de que ese día «iba pa'lante».

La juez asegura que Lanzas, que presuntamente se llevaba una mordida del 5% por cada ERE en que intervenía, llegó a cobrar más de 13 millones de euros. Bajo un colchón, se hallaron más de 80.000, en billetes de 100 y 500. La Guardia Civil busca los millones en un zulo –del que habló otro de los detenidos– que no aparece. Ateniéndose a sus palabras, Lanzas pasaría a ser el albacea y «los tres o cuatro chorizos» de los que habló en su día Manuel Chaves, una suerte de Bárcenas sin corbata que se quedaban, a modo de diezmo, con parte de la ingente cantidad de millones que rulaba por delante de sus ojos. La Guardia Civil, de momento, cifra el fraude en más de 50 millones de euros. El ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que no acostumbra a dar puntada sin hilo, recordó a la magistrada que otras áreas manejaban partidas muy superiores para ayudas.

Guerrero permaneció en su cargo una década; de lo que se infiere que algo haría bien o muy bien quien para la Junta era el hombre «de la paz social». Concepto éste que ahora la juez Alaya redefine –de ahí que le cuadren las piezas– como el «verdadero negocio»; con Administración, aseguradoras, sindicatos e intermediadores como protagonistas.

Lanzas, en sus paseos durante 20 horas de juzgado –ay, si doña Mercedes hubiera dado con Miguel Carcaño– se presentaba como un mediador, un comisionista, dolido por qué se dice y el qué dirán. Preocupado, al fin, por el retrato que quede de él durante este proceso. «Vengo a apechugar», dijo. «Nadie dice que durante cinco años conseguí los mejores convenios de España», rumiaba. «Si yo no tengo estudios, ¿cómo iba a montar este entramado con empresas pantallas y testaferros?», alegaba. «Quizá era el tonto del pueblo que pasaba por allí», dijo en la comisión del Parlamento el ex sindicalista, entre 1979 y 2002 en UGT.

Lanzas, perdido quizás ya para siempre en el laberinto de las aceitunas –con la coincidencia con la obra de Eduardo Mendoza de que aquí tampoco se sabe el nombre del protagonista último de esta historia– se confesaba «muy dolido con propios y extraños».

Hasta ahora, hay 31 implicados, siete en prisión; cerca de un centenar de imputados, incluyendo a los «intrusos» de los ERE. Las pólizas a cargo del erario público se inflaban un 15%; Lanzas se llevaría un 5%, hasta llegar a más de 13 millones; los sindicatos, un 0,5%, hasta superar los 4,3 millones.

La juez Alaya, consciente o inconscientemente, en su sed justiciera de hidra de siete causas hacia lo más alto que pueda llegar –ya se deslizan por los autos los nombres del ex consejero Fernández y de Zarrías y varios implicados no están dispuestos «a comerse el marrón»– está dinamitando las fronteras de una sociedad aún de cortijo, herencia de tiempos más allá del franquismo instalada en el «modus operandi» genético de lo público y lo privado.

La Junta emprendió a lo largo de los últimos años unas propagandísticas primera, segunda y tercera modernización de Andalucía empezando una sin acabar la otra, y así sucesivamente, que no llegaron más allá que a un lavado de cara por la mañana o, como mucho, al aseo diario del gato. Pura fachada. Lo de Alaya supone un intento de esquilar un pelaje societario –de la sociedad en general; en esta trama presuntamente han sido socios Junta, sindicatos, trabajadores, el que paga y el que recibe, el que corrompe y el que es corrompido y el que miraba para otro lado– lleno de chinches y garrapatas. Todo en el momento económico más difícil de la historia reciente para hacer bueno el proverbio popular. A perro flaco, todo se le vuelven pulgas. Y Alaya sigue buscando pruebas de financiación ilegal. De partidos, sindicatos o patronales; con una pregunta barruntándose en los autos: por qué en una década en la Junta de Andalucía nadie se percató de nada. El rastro de aceitunas y comisiones de Lanzas puede llevar a la salida del laberinto de los ERE.