«Junta y Estado deberían haber demolido ya la mitad del edificio»

Ecologistas avisa: si el TS dictamina que el suelo es urbanizable no se podrían reanudar las obras

Septiembre se ha escurrido y el Tribunal Supremo (TS) no ha puesto fin a las batallas judiciales que se libran desde hace años en los tribunales en torno al hotel que Azata del Sol impulsó en la playa de Carboneras (Almería), el conocido como el Algarrobico. Y ello, pese a que el magistrado del Alto Tribunal Rafael Fernández Valverde adelantó el pasado junio durante su participación en Almería en las «X Jornadas del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España» que el futuro del establecimiento hotelero quedaría despejado ese mes.

El Supremo debe dictaminar ahora sobre si el suelo en el que se construyó el Algarrobico es urbanizable o no –existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contradictorias al respecto, una de 2012 en la que se falló que los terrenos eran protegidos, y otra de 2014 en la que se estimó lo contrario– y sobre si el derecho de retracto ejercido por la Junta respecto a ese espacio es correcto o no.

A la espera de lo que decida el TS, José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, una de las partes implicadas en esos procesos judiciales, advierte a LA RAZÓN de que «en el improbable caso» de que éste dictamine que los terrenos son urbanizables, «Azata no podría reanudar las obras porque el hotel estaría ‘fuera de ordenación’ por invadir la servidumbre de costas».

En relación al derecho de retracto, el letrado sostiene que si el Alto Tribunal estatal lo confirma y «establece que los terrenos son de propiedad pública», el Gobierno andaluz «podría demoler el hotel con independencia de que los terrenos sean urbanizables o no». Es más, Domínguez asevera que «con las tres sentencias del Supremo diciendo que el hotel invade la servidumbre de protección, las administraciones, Junta y Estado, deberían haber demolido ya la mitad del edificio, la que vulnera la Ley de Costas». Desde Greenpeace, otra organización «verde» que también espera la resolución del embrollo judicial –que incluye que el Constitucional se tiene que pronunciar sobre la licencia de obras–, matizaron recientemente algunos puntos en torno a la polémica edificación como que no es cierto que esté «prácticamente» construida. Según recordaron, aún está por hacer «el aparcamiento que tiene que dar cabida a 411 plazas hoteleras» o «nuevas carreteras de acceso» y falta «el abastecimiento de agua y luz».