La Audiencia anula siete fianzas fijadas por Alaya en los ERE

El tribunal revoca los más de cuatro millones impuestos a Soler, los 3,4 marcados para el ex interventor general de la Junta, o los 1,9 del ex jefe de los servicios jurídicos del Gobierno regional

Han esperado en algunos casos más de trece meses para que se resolvieran sus recursos, pero la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado ahora sin efecto las fianzas millonarias impuestas a siete imputados en la «macrocausa» de los ERE fraudulentos, fijadas en septiembre de 2014 por la entonces instructora del proceso, la jueza Mercedes Alaya.

En un auto fechado el pasado lunes 16, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el tribunal estima los recursos de apelación interpuestos por el ex consejero andaluz de Innovación Martín Soler, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, el presidente de Unicaja Braulio Medel, el presidente de Abengoa, José Miguel Domínguez Abascal, el ex jefe de los servicios jurídicos del Gobierno autonómico, Francisco del Río, el ex viceconsejero de Economía José de Haro Bailón y la ex secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, Isabel de Haro Aramberri. Alaya fijó para ellos, en una resolución del 22 de septiembre de 2014, unas cargas por sus presuntas responsabilidades delictivas de 4.070.633,08 euros, 3.466.666,67, 482.790, 159.600, 1.607.970, 1.995.000 y 339.150 euros, respectivamente.

En relación a Soler, la Audiencia sostiene que los indicios que existen contra él «no son tan severos» como para «fundar en los mismos la adopción» de la medida cautelar, pues, «si bien no se puede descartar que con su conducta», el ex consejero contribuyera a «la realización» de los hechos de los que la ex instructora lo acusó –entre otros, la autorización del pago de una subvención de 450.000 euros a la entidad Abantia Ticsa–, «no tienen la consistencia necesaria» para acordarla. Ello, sin perjuicio, puntualizan los magistrados de la Sección Séptima, de que, «una vez completada la investigación y que de la misma se infiera una mayor participación» de Soler, se adopten «las que correspondan». Tampoco lo son, a juicio de la Audiencia, los indicios que existen contra el ex viceconsejero De Haro Bailón.

Por contra, el tribunal cree que «son evidentes» en el caso del ex interventor general, pero argumenta que «la fijación de la fianza a un tanto alzado» la «desvincula» de su finalidad, que «no es otra», aclara en su auto, que la de «asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva». Por ello, liberan a Gómez de los más de 3,4 millones que pesaban sobre él, sin perjuicio de que la nueva titular del juzgado que instruye los ERE, María Núñez Bolaños, pueda cuantificar en un futuro las responsabilidades pecunarias «en atención a la posible cantidad defraudada».

De otro lado, el órgano judicial atiende de forma parcial el recurso presentado por el ex director general de la agencia IDEA –ente que como antes el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) actuó de caja pagadora–, Antonio Valverde y le rebaja en 80.645,48 euros, de 970.001,41 a 889.355,93, la fianza marcada para él.

Desestima, por último, los escritos de apelación de otros tres encausados, ex directores generales del IFA y de IDEA. Se trata de Antonio Lara, Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano. A ellos les mantienes las cuantías de 464.650,64 euros, 1.532.338,29 y la superior de 2.805.647,34 euros determinadas en 2014. Los culpa, como a Valverde, de participar en la fórmula que se hablitó para usar como transferencia de financiación «verdaderas subvenciones a modo de ayudas sociolaborales fuera de cualquier control, sorteando, entre otros filtros, la fiscalización previa, así como su concesión sin procedimiento alguno a empresas que, incluso en algunos casos, ni habían solicitado» los fondos de la Junta.

La resolución de la Audiencia vuelve a enmendar la plana a Alaya. La corrección por parte de sus actuales compañeros, encargados de resolver los recursos de los ERE, se suma a una hilera creciente. Sólo en materia de fianzas, la misma sección disminuyó en 499.942,77 euros recientemente la que impuso en julio de 2014 a otros dos imputados por unas subvenciones otorgadas a Dhul. Y revocaron antes los más de 22,1 millones asignados al que fuera viceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro, como lo hicieron con los 29,5 señalados para la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.