La Audiencia corrige a Alaya y ordena libertad bajo fianza para una imputada

La Razón
La RazónLa Razón

La Audiencia Provincial de Sevilla se opone al auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya y acuerda dejar en libertad a la ex directiva de Vitalia María Vaqué Molas bajo fianza de 600.000 euros.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha dictado un auto –según informa Europa Press– en el que estima parcialmente el recurso presentado contra la decisión adoptada por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado del caso de los ERE fraudulentos. La Audiencia señala que «no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas». Sin embargo, en el auto fechado el pasado 23 de marzo, Alaya ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Vaqué al entender que existía riesgo de fuga y que pudiera entorpecer la instrucción influyendo sobre otros imputados en la trama corrupta.

Vaqué se encuentra en la cárcel Sevilla I. Junto a Eduardo Pascual –también en prisión– forman la cúspide de la dirección de la mediadora Vitalia, uno de los actores principales en el caso de los ERE. Este holding empresarial ingresó sobrecomisiones millonarias en la década que investiga el juzgado. Parte de este dinero lo repartió entre sindicatos, altos cargos de la administración o conseguidores como el también encarcelado Juan Lanzas.

Estas sobrecomisiones, según señaló Alaya en un auto, han provocado un grave quebranto en la hacienda pública andaluza. La Guardia Civil baraja que entre Vitalia y Uniter, la otra mediadora, cobraron más de 50 millones de euros. Uno de los objetivos de Vitalia con el reparto de dinero era «corromper de manera continuada a altos cargos de la administración», entiende la juez. Según señala la investigación, Vitalia habría pagado 249.000 euros al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a través de 170 transferencias bancarias de menos de 3.000 euros. Un ex directivo de Vitalia, Antonio Albarracín–también encarcelado– reconoció el pago a empresas de CC OO y UGT de 4,3 millones de euros por labores que la juez calificó como «peregrinas».

La Fiscalía Anticorrupción ya pidió 1.548 millones de euros de fianza por responsabilidad civil a seis ex directivos de Vitalia, entre ellos María Vaqué. 258 millones de euros para cada uno. Esta cifra da idea de la implicación de esta empresa mediadora en el caso, ya que la fianza civil está relacionada con el menoscabo generado en las arcas públicas.

De hacerse efectiva la fianza, sería la más elevada pagada hasta el momento. La cantidad mayor –450.000 euros– la ha aportado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. María Vaqué y Eduardo Pascual también están implicados en otros dos casos que instruye la Audiencia Nacional. Uno de ellos hace referencia a la quiebra de la mutua catalana Fortia Vida. Y el segundo, a la quiebra de Eurobank, que se quedó con los depósitos de casi 70.000 clientes. Eurobank perteneció al holding de Rumasa hasta que fue intervenido por el Banco de España.

Actualmente hay en prisión seis personas, de las siete que Alaya envió a la cárcel en la «Operación Heracles», puesta en marcha a finales de marzo. Esta línea de investigación se centra en el pago de sobrecomisiones y la introducción del dinero en el sistema financiero a través de empresas pantalla. Está bajo secreto de sumario desde el pasado mes de noviembre.

Jueces piden «rigor» al presidente del Supremo

córdoba/ madrid- Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, en relación a la instrucción de los ERE, siguen provocando división de opiniones. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), aseguró ayer que coincide con Moliner en su crítica al retraso en la instrucción por la jueza Mercedes Alaya. Moliner dijo el jueves que «no es normal ni aceptable» el retraso acumulado para la toma de declaración a algunos de los imputados en la causa. Sin embargo, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria reclamó ayer al presidente del CGPJ una «especial prudencia» en sus manifestaciones y el «máximo rigor» en sus juicios de valor. En un comunicado, la asociación recordó que el presidente del CGPJ está, en las últimas semanas, haciendo «diversas manifestaciones a título personal que pudieran influir en la labor de los jueces de instrucción». La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, también mostró su «más enérgico rechazo» a las declaraciones de Moliner.