La Audiencia de Sevilla mantiene imputado a un cargo de la Junta por amaños en el Infoca

Rechaza el recurso de la letrada de la Administración y remite a la Audiencia Nacional los contratos de helicópteros con la empresa Faasa

La Audiencia de Sevilla rechazó el recurso de la Junta contra el mantenimiento como investigado del jefe de servicio de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, Antonio Martínez López, en la causa remitida por el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla a la Audiencia Nacional sobre la presunta colución de empresas para repartirse las adjudicaciones de los helicópteros de extinción de incendios en varios territorios, entre ellos Andalucía. La Junta alegó la “falta de datos que permitan relacional al investigado Antonio Martínez López con la empresa Faasa y con el supuesto reparto de concursos a los que acudía dicha entidad” ni con la investigación criminal originaria de Sagunto. Pero la Audiencia avala que la titular del juzgado 8 de Sevilla derivara la causa a la Audiencia Nacional por el “cruce” de investigaciones en diversos tribunales españolas “que apuntaban a un reparto del territorio nacional” entre varias empresas, entre ellas Faasa Aviación, para adjudicarse los medios aéreos del Infoca en las administraciones autonómicas, con la intervención en el caso de Andalucía del investigado en la contratación a esta empresa por parte de la Consejería de Medio Ambiente. “Como señala la instructora debe mantenerse, por ahora, la situación procesal del recurrente, al hallarse incluida su actuación en la investigación que se estima concurrente con los seguido en el juzgado de Sagunto, cuya competencia fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción no 6 de Madrid”, considera la Audiencia.En esta causa se investiga el amaño de estos contratos denunciados por un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y de la que posteriormente se ha abierto también la investigación porque las mismas empresas presuntamente también se repartían la adjudicación de los helicópteros sanitarios del 061. La Policía Judicial en sus informes apunta a una “colución de empresas” y ”oligopolio” consentido por la Junta que incluso adaptaba los pliegos de condicionales a las exigencias de estas empresas, en el caso de los helicópteros sanitarios “claramente en perjuicio de la seguridad”, aumentando por ejemplo el tiempo de respuesta permitido ante una emergencia o aceptando naves de más de 20 años de antigüedad. Una práctica detectada en las adjudicaciones de administraciones públicas ajenas a Andalucía, lo que llevó a la instructora a derivar la causa a la Audiencia Nacional. También derivó a los juzgados de Posadas la investigación sobre irregularidades en subvenciones concedidas por la agencia pública IDEA en 2006 a Faasa Aviación que la empresa presuntamente empleó en fines distintos, una derivación que recurrieron las acusaciones populares ejercidas por Podemos y Ecologistas en Acción pero que avaló la Fiscalía y ahora mantiene la Audiencia de Sevilla en un auto del 11 de febrero. En el mismo igualmente mantiene que el presunto delito de fraude en subvenciones ha prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde la concesión de las mismas en 2006 y la apertura de las diligencias de investigación en 2015.