«La Cámara de Cuentas nos da la razón con la Amaya»

El SAF incorporará a una causa judicial el informe que desveló un agujero de 60 millones y una falta de funcionarios que extienden a otros entes.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera que el informe de Fiscalización de regularidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) de la Cámara de Cuentas regional, correspondiente al ejercicio 2012, que refleja un descuadre contable de más de 60 millones de euros, les «da la razón». ¿A qué se refieren? La organización sindical presentó en octubre de 2014 una «macrodenuncia» contra 42 altos cargos de diversas consejerías del Ejecutivo autonómico que un juzgado archivó de «forma exprés y sin práctica de diligencia alguna», según exponen fuentes del SAF. El sindicato recurrió en apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla y ahora adelantan a este periódico que barajan incorporar a la causa el trabajo de los fiscalizadores.

El objeto principal de su denuncia pasa por que en las agencias públicas empresariales de la órbita de la Junta «se están desempeñando potestades públicas administrativas sin que en ellas exista personal funcionario adscrito», el competente por ley para materializarlas. «Están siendo ejercidas por personal ‘externo’, es decir, laborales procedentes de empresas y fundaciones públicas que no ha superado procedimiento selectivo alguno, bajo principios constitucionales», advierten desde el SAF. Insisten en que se trata de «hechos que revisten especial gravedad y relevancia» al afectar, por ejemplo, a la tramitación de subvenciones o de expedientes administrativos y avisan de que esto no sucede «sólo en la Amaya», sino que se puede hacer extensible a otros entes del Gobierno andaluz como la «Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia de Cooperación Internacional, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia Pública Andaluza de Educación, la de Puertos o la de Obra Pública», entre otras. A su entender, la Junta «está infringiendo incluso su propia ‘ley del enchufismo’», al no realizar «la correspondiente adscripción de funcionarios, pese a estar obligada a ello por imperativo legal».

En ese contexto, el SAF entiende que la Cámara de Cuentas «no sólo confirma los hechos» que en su día pusieron en conocimiento de la Justicia, sino que apunta «otros aún más graves», puesto que «incluso se atribuyen potestades no reflejadas en los estatutos». ¿Cuándo? Al afirmar en su informe que la Amaya, perteneciente a la estructura de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, «no dispone de funcionarios adscritos que puedan desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación». «Las tareas vinculadas a potestades administrativas, tales como el ejercicio de autoridad, fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización, gestión económico-financiera, etc. –se añade en el trabajo de fiscalización–, se están desarrollando a pesar de no estar contempladas en los estatutos de la entidad, ni disponer del personal funcionario adscrito de la consejería», subraya el sindicato.Para el SAF, esa falta de funcionarios públicos en las agencias de la Administración andaluza, puede «dar una idea de cómo se han estado otorgando subvenciones, llevando a cabo encomiendas de gestión, contrataciones o adjudicaciones. En resumen, de cómo se han gestionado fondos públicos sin la actuación directa de funcionarios de por medio, como garantes de la legalidad, la imparcialidad y la transparencia de los actos públicos», lanzan. Sin perder ese foco, reiteran que el informe de la Cámara de Cuentas constituye «un espaldarazo a la defensa de lo público, ante lo privado», que guía la acción de esta organización sindical y por ello, lo utilizarán «como prueba evidente» de su «lucha», ante «los juzgados que corresponda».