La «cláusula de suelo» de los médicos en precario amenaza las arcas del SAS

Los eventuales perciben 200 euros menos al mes desde 2012. Reclamarán judicialmente en marzo el recorte en el plus de exclusividad.

«Abonar la exclusividad al 75%, cotizar al 75% y exigir el 100% no es legal». Ese argumento cargado de lógica sustenta la demanda judicial que prepara la recién creada Asociación de Eventuales del SAS (Aesas) contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para lograr que se pague esa diferencia entre la exigencia de disponibilidad total y el cobro efectivo. Un planteamiento que respaldan juristas laborales consultados por LA RAZÓN, al entender igualmente que supone una «contradicción» y facilitaría un soporte legal para reclamarlo judicialmente.

Los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud SAS se han dicho a sí mismos basta. Y ahora quieren hacerle llegar a la Junta su hartazgo por las condiciones laborales que vienen soportando, algunos desde hace más de una década. En total, son unos 8.000 de todas las categorías sanitarias los que gozan de una inestabilidad extrema con incluso renovaciones diarias de los contratos.

Los médicos son, a priori, los más afectados. Y también los que se han movilizado para aglutinar a un colectivo que se siente «maltratado». La demanda ganada –y recurrida esta misma semana por el SAS– por dos compañeros del hospital Puerta del Mar de Cádiz los espoleó para impulsar una colectiva que presentarán como fecha tope el 13 de marzo. La desbordante respuesta, con más de 300 afiliados en un mes, ha provocado que finalmente sean ocho las reclamaciones conjuntas que se presenten, una por cada provincia. «Tenemos tantas cosas irregulares que no sabemos por dónde empezar, ése es uno de los frentes», aclara Rocío Jiménez, presidenta de la Aesas y eventual en Cádiz con 30 contratos acumulados en sus 9 años de servicio.

En la demanda colectiva solicitarán «la aplicación del derecho laboral a los demandantes, con lo cual a quienes no hayan reclamado no se les aplicará», advierte Manuel Martos, asesor jurídico de la Aesas y letrado también de los dos médicos que han ganado en primera instancia sendas demandas al SAS, en las que se reconoce su relación laboral como indefinida. La administración se ha dado por aludida y la pasada semana solicitó una reunión a la asociación, pendiente de celebrarse, según detalló el abogado.

«La exclusividad se abordará en las demandas individuales –explica–. El objetivo es que se cree esa plaza que ocupa y que en principio no existe en el SAS al no ser estructural». Si la Justicia les da la razón, se integrarían como personal laboral.

Trasladado a cifras, la medida afectaría a unos 4.000 médicos eventuales, según cálculos realizados por el sindicato CSIF. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha rechazado facilitar dato alguno al respecto, pese a que en diciembre emprendió una campaña sancionadora contra quienes vulneraron este compromiso. Sólo en Málaga expedientó a 70 profesionales, a algunos a pesar de que a que no se les paga por el 25% de la jornada restante, según confirma el Colegio de Médicos malagueño. «El SAS llegará hasta donde pueda llegar porque es mucho dinero», aseguran desde su asesoría jurídica.

Varios millones de euros que descuadrarían el maltrecho presupuesto sanitario. El complemento es de 813 euros mensuales; los profesionales han estado cobrando 610 desde que en julio de 2012 entró en vigor el aumento de la jornada semanal a 37,5 horas. Eso en el caso de los que trabajan al 75%; los contratados a media jornada perciben algo más de 400. La Junta se habría ahorrado un mínimo de 200 euros durante 19 meses. Si solo la mitad de los facultativos estuviera acogido a esa cláusula, supondrían 7,6 millones –3.800 euros por cada uno–. En todo caso, una cantidad que crece cada día a costa del bolsillo de profesionales en precario, a los que también se les escatiman complementos como la antigüedad.

La Aesas equipara su posible repercusión a las cláusulas de suelo de las hipotecas, declaradas abusivas por el Tribunal Supremo y un varapalo para las entidades bancarias que defendían su supuesta legalidad. Como en ese proceso, costará años conocer a quién hace feliz el final judicial.