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La comisión de investigación de la «tarjeta black» de la Faffe depende del adelanto electoral

Chaves usó esta táctica en 1995. La citación el 11 de octubre del ex director del ente y los ERE condicionan los comicios

  • La presidenta de la Junta, Susana Díaz, estudia las posibles salidas de emergencia para una legislatura que se da por agotada (Foto: Manuel Olmedo)
    La presidenta de la Junta, Susana Díaz, estudia las posibles salidas de emergencia para una legislatura que se da por agotada (Foto: Manuel Olmedo)
Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

19 de julio de 2018. 20:21h

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M. González Q.  Sevilla. 20/7/2018

La política andaluza ha entrado en bucle, a falta de un año para agotar la X Legislatura. El pasado, como dijo Faulkner, es sólo una dimensión del presente y todo apunta a una reedición de los pasos seguidos en tiempos de «la pinza». Entonces, en 1995, bajo ese pretexto y sin Presupuesto, Chaves adelantó las autonómicas a marzo de 1996. De paso, se llevó por delante la comisión de investigación sobre «los posibles tratos de favor por parte de la Administración andaluza que pudieran haberse producido en contrapartida a presuntas condonaciones de varios préstamos personales destinados a financiar al PSOE» tras la fusión de las cajas de Jerez y San Fernando. El escenario para Susana Díaz sería muy parecido en caso de adelanto electoral: las próximas cuentas empatanadas con el diálogo quebrado con Ciudadanos; y la amenaza de una comisión de investigación (propuesta por el PP, apoyada por Podemos y con Cs a la espera) sobre la Faffe, la fundación de la Consejería de Empleo con cuya tarjeta de crédito se gastaron casi 15.000 euros en un club de alterne el día que Griñán remodeló su Gobierno y unos 4.000 euros en restaurantes y hoteles en tan sólo cuatro meses. En esta ocasión, además, pende sobre el Gobierno andaluz la espada de Damocles de la investigación judicial abierta a cuenta de un ente conocido desde su creación como un «nido de enchufismo» de socialistas, familiares y afines. La jueza Núñez Bolaños ha citado a declarar el 11 de octubre al ex director general de la Faffe, Fernando Villén «por un presunto delito de malversación o apropiación indebida». Sobre esa fecha –puede que antes, ya que se están descartando muchos testigos en las últimas sesiones– concluirán las testificales del juicio por el «procedimiento específico» de los ERE. La presidenta, ya sin estrategia de confrontación posible con la salida de Rajoy de La Moncloa, se anda con tiento para fijar fecha, al albur de encuestas y de posibles cambios de tendencias en función de los movimientos del Gobierno central del también socialista Pedro Sánchez.

La parlamentaria popular Teresa Ruiz-Sillero señaló ayer que las elecciones «se adelantarán para que no se pueda abrir la comisión» de la Faffe. Ruiz-Sillero calificó como «una vergüenza» que, desde la Junta, «el dinero de los ERE se lo gastaron en cocaína» y «el de la Formación en prostíbulos», acusando al consejero de haber «ocultado información al Parlamento y estar ocultando información a la justicia». El consejero Javier Carnero defendió que la Junta está yendo «más allá» de la colaboración al enviar «motu proprio» los extractos de la tarjeta. El PP acusa a la Junta de «poner palos en la rueda» a la Justicia y mantiene que tiene que haber más de una tarjeta. «El Gobierno será el primero en exigir responsabilidades, por eso somos acusación particular, para salvaguardar los intereses generales», dijo.

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