La comunidad andaluza, a la cabeza del ránking de morosidad

Desde que estamos en crisis han cerrado unas 500.000 empresas en todo el país. Una tercera parte lo hizo por el problema de la morosidad. Si el negocio agroalimentario y el clínico son los que mejor cobran, la construcción es el sector en el que más tarde se documentan los cobros.

Desde que estamos en crisis han cerrado unas 500.000 empresas en todo el país. Una tercera parte lo hizo por el problema de la morosidad. Si el negocio agroalimentario y el clínico son los que mejor cobran, la construcción es el sector en el que más tarde se documentan los cobros. Andalucía, junto a Madrid, son las comunidades que peor pagan, con una media de 119 y 120 días de retraso, respectivamente, en el sector privado, con indicadores muy similares en las administraciones.

La vicepresidenta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pilar Vázquez, participó ayer en el Foro Gaesco con la conferencia «Morosidad en el ámbito de la Construcción. Trabajar y cobrar, ¿es posible?». En la misma desgranó los datos de una encuesta de dicha organización respecto a la situación de pago en 2012.

El plazo de pago en las empresas privadas ha sido de 93 días de media en el país, reduciéndose en cinco días respecto a 2012, aunque la ley marca que sean 75. «Seguimos estando casi veinte días por encima», afirmó Vázquez, que expuso que en el caso de las administraciones públicas es mucho peor porque la media de pago es de 141 días, «cuando debía ser 40». «Hay una ratio de morosidad media del 7% y lo sorprendente es que el 75% de las empresas no reclama intereses de demora. Vivimos en un país con mucha subcontrata y mucha diferencia en el tamaño de las empresas y es muy difícil reclamar nada a la mano que te da de comer», argumenta.

Esta Plataforma reclama una regulación efectiva, un reglamento sancionador. «Más de la mitad de las empresas tienen contrato fuera de ley, pues firman con otras empresas que exigen plazos superiores a los 75 días. Además, un 19% no conoce la ley de morosidad, algo muy sorprendente». El plan de pago dio resultado, «115.000 empresas han conseguido cobrar deudas y se han salvado 174.000 empleos, pero no podemos convertir esto en una norma» en el país.

Según Vázquez, que Andalucía presente un alto índice de morosidad es «algo bastante tradicional», aunque resaltó que sólo hay una comunidad en la que se esté cumpliendo la ley de pagos de forma estricta: Navarra.

Por lo general, la Administración autónoma es la peor pagadora. Desde Gaesco se lamenta que en Andalucía «la Ley de Morosidad ha tenido el efecto contrario» y en vez de aflorar las deudas de la obra ejecutada «ha dado lugar a una presión sobre los técnicos para que no documenten las obras que están realmente hechas y de esa forma no se consoliden como deuda para el futuro. Los empresarios siempre hemos reclamado los planes de pago que en los municipios han funcionado, pero en el de la comunidad autónoma andaluza siempre está habiendo sectores que quedan fuera, especialmente castigado es el de la construcción». Así, pese a que se comunican las deudas, éstas no entran en los planes de la Administración andaluza, según comenta Miguel Rus, presidente de la CES.

«Aquí la voracidad de la Junta de Andalucía respecto a los recursos del sector es inaudita. Hemos encontrado casos en la asociación en los que el ministerio tenía que abonar al promotor una determinada subvención. Se la ha remitido a la Junta para que se la entregue y ésta la retiene. Ahora reclamamos que el Gobierno actúe», explica Juan Aguilera, gerente de Gaesco.

Esta dinámica «sólo es habitual en Andalucía, en el resto no», insiste Rus, para quien «el criterio de caja única es peligrosísimo, porque cuando la subvención no llega no hay responsabilidad y el daño no sólo es al promotor sino al cliente que cuenta con esa ayuda».

Son las excusas del mal pagador, aunque Aguilera incluso expuso alguna de las consecuencias del nuevo decreto de vivienda que ve la luz hoy. «Lo que pasa en Andalucía no pasa en ningún otro sitio. Que la Junta no te pague las subvenciones que se compromete a otorgar a través de un plan de vivienda y que sin pagar las subvenciones el promotor no pueda vender la vivienda y encima sancione al promotor por no poder pagar la vivienda. No creo que esto ocurra en ningún sitio de Europa».

Para el gerente, el decreto que verá hoy la luz es «la culminación de una política errática y engañosa de la Junta en materia de vivienda», que «ayer mismo nos jaleaba para construir VPO». De igual forma, para Rus se trata de buscar «titulares fáciles sin contenido legal» porque «en Gaesco hay promotores que llevan uno y dos años con compradores que tienen la entrada dada y lo que no hay es financiación. Las viviendas vacías están en la costa. Expropiar es ridículo y lo que falta es una política de vivienda real».