La Consejería de Educación reduce a un «desajuste» el fracaso del decreto de las guarderías

Las escuelas infantiles de Andalucía llevan un año «muy duro», según la propia patronal, desde que el 20 de abril de 2017, el Pleno del Parlamento andaluz acordó con los votos del PSOE y Cs convalidar el decreto ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años). Las consecuencias de liberalizar el precio de las plazas han sido «devastadoras», pues además la norma reducía a un mes el plazo de las familias para solicitar las bonificaciones y éstas han encontrado muchos problemas a la hora de escolarizar a sus hijos por falta de convocatorias de ayudas. Lo peor, que habiendo plazas, el recorte en las bonificaciones ha lastrado a los padres.

Trece meses después, un periodo en el que los partidos de la oposición han insistido en el «fracaso del decretazo», la Consejería de Educación ha dado marcha atrás y ha iniciado la tramitación de un proyecto de Orden para modificar el decreto, en teoría, «de medidas urgentes». La Junta admite el «problema» de las familias y las «dificultades para la escolarización» al no poder éstas «solicitar las bonificaciones» al estar cerrado el plazo de presentación de solicitudes. Y lo reduce todo a un «desajuste entre la oferta de plazas existentes en los centros adheridos al Programa de ayuda y la demanda de las familias en determinadas zonas de escolarización».

Como objetivo, por tanto, Educación plantea la solución reclamada desde un primer momento, «establecer una convocatoria de ayudas que permanezca abierta a lo largo del curso escolar» e «introducir modificaciones en el procedimiento de adhesión para favorecer la adecuación de la oferta de plazas a la demanda de las familias». El periodo de participación en el que los interesados han podido realizar sus aportaciones ha permanecido abierto hasta el pasado 18 de mayo. Según la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, el objetivo es que las solicitudes de las familias se resuelvan cada dos meses con carácter retroactivo.

Cuantificar los daños económicos causados a las empresas y el perjuicio a las familias a lo largo del último año resulta complicado. La patronal de las escuelas infantiles cifra en 16.000 las plazas que han quedado vacantes este curso, teniendo en cuenta tanto el descenso de la natalidad como la implantación sin diálogo con las partes implicadas del nuevo modelo. Un nuevo sistema que pretendía originalmente subvencionar 12.000 plazas más con una partida presupuestaria muy similar hasta alcanzar las 110.000 plazas sobre un total de 260.000 existentes en la comunidad.

Una pareja con ingresos de 960 euros al mes pagaba con el anterior modelo 69 euros y con el nuevo decreto la cifra se eleva a 139 euros. Como consecuencia, muchas familias han optado por no matricular a sus hijos (el coste mensual de una plaza no bonificada en una guardería se eleva a 278 euros).

Las empresas privadas, por su parte, han sufrido de forma drástica un recorte en los ingresos que ha conllevado una mayor precariedad laboral. Patronal, sindicatos y familias se han movilizado todo este periodo y, finalmente, la Junta ha reaccionado.