La energía andaluza y el desafío de París-Le Bourget

Las actuaciones locales en materia de política energética o de mitigación son muy cuestionables cuando lo que se aborda son temas de ámbito nacional o peninsular

En numerosas cuestiones, pero también en las energéticas y medioambientales, las autoridades públicas toman decisiones paralelas (a veces contradictorias y otras coherentes) en dos niveles muy diferentes. Lo que se intentará acordar en París en unos días y lo que se ha aprobado en Andalucía hace poco es un magnífico ejemplo de lo que decimos.

Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre próximos, la mayoría de los países del mundo intentarán llegar a un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto. El marco de negociación que acogerá tal desafío será la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o COP21, que se celebrará en Paris-Le Bourget. Congregará aproximadamente a 40.000 participantes-delegados que representarán a cada Estado, observadores, miembros de la sociedad civil. Para nuestro país vecino se trata del mayor evento diplomático que haya acogido, además de ser una de las mayores conferencias climáticas que jamás se haya organizado.

La Conferencia de las Partes es el «órgano supremo» de la CMNUCC y se reúne anualmente. Los países que se han unido a ella se denominan «Partes de la Convención».

¿Qué es lo que va a abordar el futuro acuerdo? Resumidamente deberá tratar sobre la mitigación o disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 2°C. Pero también tratará sobre la adaptación de las sociedades a los cambios climáticos ya existentes. Ésta es una importante novedad respecto al texto de Kyoto. Si los países llegan a un acuerdo, el texto que sustituya al Protocolo de Kyoto entrará en vigor a partir de 2020.

La estela de fracasos de las COP anteriores ha hecho que se ponga en marcha un interesante mecanismo previo a la reunión orientado a facilitar el acuerdo sobre el conocimiento previo de hasta dónde está dispuesto a llegar cada país en el momento de asumir compromisos. Este mecanismo consiste en que cada uno de ellos ha debido publicar, antes de la COP21, un documento denominado «contribución nacional» («INDC» en su acrónimo en inglés) donde presente los esfuerzos que está dispuesto a asumir. Este tipo de ejercicio constituye una gran novedad en las negociaciones climáticas internacionales.

A menos de 30 días de la COP21, en torno a 150 países han hecho públicos sus compromisos destinados a limitar los efectos del cambio climático. Hasta ahora, el conjunto de las contribuciones nacionales cubre más del 90% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Ésta es una movilización sin precedentes.

Las contribuciones nacionales están redactadas a partir de tres principios: ambición, diferenciación y transparencia.

Ambición: la vocación de las contribuciones consiste en superar los compromisos actuales de los estados. Los compromisos actuales se inscriben en el marco del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto (éste es en particular el caso de la Unión Europea), o bien corresponde a las acciones nacionales voluntarias suscritas de conformidad con el Acuerdo de Copenhague y los acuerdos de Cancún.

Diferenciación: las contribuciones se examinan tomando en cuenta las circunstancias nacionales consustanciales a cada país. Los países menos avanzados y los pequeños estados insulares gozan, en particular, de cierta flexibilidad en la elaboración de su INDC, habida cuenta de su capacidad limitada.

Transparencia: las contribuciones que han sido comunicadas por los estados se publican a medida que entregan, en el sitio del CNUCC (http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php).

Si lo anterior alude a lo que se cuece a nivel planetario, en el ámbito doméstico y local también hay hechos relevantes recientes. El Gobierno andaluz ha aprobado en octubre de 2015 la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Un documento calificado como «estratégico» que recoge las líneas principales de la política energética regional en el horizonte 2020, esto es, justo antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo internacional de llegar a firmarse en París. La Estrategia Energética de Andalucía propone cinco objetivos a 2020: reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria, aportar con energías renovables el 25% del consumo final bruto de energía, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al valor de 2007, autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables y mejorar un 15% la calidad del suministro energético.

Los objetivos del Gobierno autonómico son coherentes con la estrategia internacional de caminar hacia una economía baja en emisiones de carbono. Los profesionales que trabajan en esto a nivel regional saben de lo que hablan. Algunos de ellos publican en revistas científicas internacionales, aunque su prestigio científico y técnico no siempre vaya parejo con el nivel de responsabilidad que ostentan. La paradoja es, sin embargo, que la mayoría de los objetivos del plan regional escapan del ámbito competencial andaluz.

Las actuaciones locales en materia de política energética o de mitigación son muy cuestionables cuando lo que se abordan son temas de ámbito nacional o peninsular –el sistema energético– o globales –el cambio climático–. Un modelo de gestión consorciada de las autoridades regionales con las autoridades españolas en materia energética y medioambiental sería una buena manera de seguir avanzando hacia el logro de objetivos plausibles.