La enésima batalla del Gobierno andaluz contra el profesorado de Religión

Los servicios jurídicos de la Junta han anunciado a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia del pasado mes de marzo que estima la demanda del sindicato Apprece-A contra la supresión de una hora de Religión en 3º de la ESO. Se trata de una batalla más del Gobierno andaluz en su guerra contra la asignatura y, de forma paralela, contra el profesorado que la imparte en la comunidad.

La sentencia, que no es firme, anula la Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación sobre la reducción de dos horas semanales a una en 3º de la ESO, una decisión por la que se vieron afectados numerosos profesores en sus retribuciones económicas y en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Apprece consideraba que la resolución era contraria a derecho y solicitaba que quedase sin efecto, «por cuanto que viene a vulnerar la legislación aplicable y exigía que «el tratamiento de esta asignatura sea equiparable al del resto de asignaturas fundamentales». Además, procedió a la impugnación porque se omitió un trámite esencial como es el de audiencia a los interesados.

En la sentencia el TSJA recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia de fondo en la que «se señala que la equiparación de la asignatura con las demás, exige verificar que el horario permita impartir el contenido de la asignatura, que el contenido no sea insuficiente, que el horario no sea irrelevante o que no sea reconocible en el conjunto de las demás asignaturas con las que tiene que comparase». El tribunal, de hecho, concluye que «sí se debió cumplir con el trámite de información pública reclamado, por considerar que al menos en lo que respecta a la reducción horaria de una asignatura, existen interesados cuya opinión debe ser oída en el trámite de elaboración de la correspondiente orden» por lo que estima el recurso contencioso, anula la orden impugnada y condena en costas, con una limitación de 1.000 euros, a la Administración.

Una vez conocida la referida sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo, Apprece ha aguardado de forma paciente una «llamada de la Consejería de Educación» para «negociar una fórmula que diera cumplimiento al fallo y a una ejecución respetuosa con la justicia». Desde el sindicato del profesorado de Religión, admiten que la Junta está en su derecho de recurrir, pero lamentan que los gestores educativos «ni siquiera hayan querido dialogar». Aprrece afeó al resto de organizaciones sindicales que ni siquiera hayan respaldado el fallo pese a que «se les ha llenado la boca gritando que ellos defienden los 90 minutos en Primaria y las 5 horas en la ESO».

La cruzada ideológica del Gobierno de Susana Díaz mantiene en vilo a más de 2.500 profesores que imparten la materia en la comunidad, 700 de ellos en Secundaria.

CSIF lamenta la «criminalización» del profesorado de Religión en Primaria, rehén de la «descoordinación» entre Ministerio y Consejería

La situación del profesorado de Religión es más inquietante en Primaria que en Secundaria. Los maestros dependen del Ministerio de Educación aunque imparten clases en los centros públicos que gestiona la Junta. La reducción de la carga horaria aplicada en 2015 por parte del Gobierno andaluz no ha conllevado una revisión de los contratos laborales, lo que ha dejado en el limbo educativo a los profesores sin suficiente carga horaria. Este periódico viene denunciando esta descoordinación Junta-Estado desde hace tres años. Ya entonces el curso arrancó con profesores de brazos cruzados, cobrando sin impartir el total de clases por las que están contratados. Desde el sindicato CSIF lamentan la «criminalización» del colectivo como una «vieja técnica de negociación», pues «la generalización de cuestiones que pueden ser muy puntuales o anecdóticas, causan daños irreparables a la imagen de estos trabajadores».

El sindicato culpa a las administraciones de falta de compromiso y responsabilidad, del lado del Estado, y de escasa voluntad por parte de la Consejería de Educación pues además de reducir los horarios de Religión impide a las direcciones de los centros «utilizar estos recursos en distintas actividades y funciones que pueden ayudar a la mejora del funcionamiento de los centros educativos». Desde CSIF exigen al Ministerio y a la Consejería que aborden la negociación de las condiciones laborales del profesorado de Religión pues «no podemos esperar que sean los tribunales los que sigan marcando el camino y la única garantía de que no se conculquen los derechos de estos trabajadores».