Caso UGT

La Fiscalía decidirá «pronto» sobre el fraude en la formación

La Cámara de Cuentas ya ha remitido el informe de las ayudas del SAE que puede afectar a sumarios en marcha

La Razón
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El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, confió ayer en concluir «pronto» su estudio sobre el informe de la Cámara de Cuentas en torno a las irregularidades detectadas en las subvenciones recibidas, entre otras, por la extinta Fundación Andaluza fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados.

En declaraciones antes de participar en Sevilla en la Comisión Mixta Junta-Fiscalía de la Comunidad Autónoma, García Calderón subrayó que, una vez recibido el informe ayer por la mañana, la Fiscalía Superior lo «examinará» en los próximos días, pues «puede que haya cosas que ya sean objeto de investigación en procesos judiciales abiertos».

En ese caso, añadió, el fiscal «no puede abrir una investigación de oficio por imperativo» del artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero frente a ello, y fruto del análisis del informe, pueden existir «otros casos en los que sí podamos observar alguna circunstancia que determine o exija que se abra una investigación».

Sobre un plazo para adoptar una decisión al respecto, el fiscal superior de Andalucía confió en que sea «pronto», aunque señaló que el informe «es extenso» y a ello se suma que la Unidad de Policía Judicial «está desarrollando otras investigaciones también de importancia».

No obstante, «tenemos que leer el informe y hacer esa comprobación –referente a si se trata de hechos ya investigados– con el auxilio de las fiscalías provinciales».

Tal y como informó este periódico el pasado viernes, en el informe «Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004», la Cámara incluye numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros a un ente de la Junta sin «justificación alguna».

El órgano fiscalizado advierte de que en ciertos casos «podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables» y denuncia anomalías en la gestión por parte de la Junta de Andalucía.