La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para el ex gerente de IU de la Fundación «DeSevilla»

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cuatro años y medio de cárcel para el ex director general de la extinta Fundación «DeSevilla» Miguel López Adán (IU-CA) por un presunto delito de fraude de subvenciones en relación a las irregularidades detectadas en la gestión de las ayudas concedidas a la entidad para programas de cooperación internacional, al entender que el acusado empleó la fundación para «actos partidistas y fines particulares del partido».

En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita además para el investigado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años, así como que pague una multa de un millón de euros y que indemnice con otros 742.500 euros al Ayuntamiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de julio, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, archivó la causa contra el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y contra Carlos Vázquez, que fuera secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento.

El fiscal, Fernando Soto, relata que la Fundación se constituyó en abril de 2005 «con el objeto de canalizar la ayuda internacional y cooperación en el ámbito local», de manera que, tras las elecciones municipales de 2007 y con IU en el gobierno municipal, este partido «canalizó su acción de gobierno en materia de cooperación internacional a través de la fundación, incrementándose de manera cuantiosa las ayudas y subvenciones».

«Absoluto descontrol»

Al hilo de ello, precisa que desde que el acusado fue nombrado gerente de la fundación en octubre de 2007, ésta «tuvo plena dependencia funcional del grupo municipal y de dirigentes de IU», añadiendo que la administración de la fundación, «siempre bajo el dominio del acusado, fue muy deficiente, contablemente de absoluto descontrol», ya que «no se llevaba una contabilidad analítica, que si bien no es obligatoria legalmente, sí permite la correcta imputación de gastos para la justificación de las subvenciones».

«Esto ha permitido que la fundación fuera un instrumento del partido de gobierno de la que dependía y así con consentimiento del acusado, fuera usada para actos partidistas y fines particulares del partido», asevera la Fiscalía, que agrega que las cuentas de la fundación eran sometidas a auditoría, de manera que todos los ejercicios fueron auditados «con resultado de opinión denegada debido a las debilidades internas en los controles, sin que el acusado hiciera nada por mejorarla».

En este sentido, señala que, en diciembre de 2010, las cuentas anuales de la fundación reflejaban un patrimonio negativo por importe de 1,5 millones de euros, circunstancia «que motivó que la propia fundación solicitara» una aportación extraordinaria de 1,6 millones que terminó aprobando el pleno municipal.

«Libre arbitrio»

Según expone la Fiscalía, López Adán «disponía del patrimonio e ingresos» de la fundación «a su libre arbitrio», hasta el punto de que «permitió que se distrajeran 34.859 euros» previamente de una cuenta, “que posteriormente el propio acusado reintegró en metálico”.

A ello se suma que, el día en que fue cesado, el acusado instaló un programa de ordenador de borrado seguro en su ordenador y eliminó 24.577 elementos, en concreto 24.479 archivos y 98 carpetas, de manera que el contenido no ha podido recuperarse «dado que el acusado sobreescribió los archivos, haciendo imposible la recuperación» de los mismos.

Al hilo de ello, el fiscal pasa a analizar el expediente 98/08 que formaba parte de un convenio para la ejecución mediante subvención nominativa de 13 proyectos de cooperación a países en vías de desarrollo, precisando que la fundación recibió 742.500 euros --el 75 por ciento del total de la misma-- el 16 de diciembre de 2009, de manera que el 20 de abril de 2010 la fundación “había gastado todo el dinero junto a otros ingresos procedentes de empresas municipales».

El fiscal desgrana los gastos «más significativos» y señala que 259.288,48 euros se destinaron a pagar nóminas de trabajadores de la fundación, «siempre ligados a IU y sin que pueda determinarse qué parte del trabajo de los mismos, si es que hicieron alguno, fue destinado a los proyectos de la subvención»; 6.716,35 euros fueron destinados a pagar facturas de autobuses, y 75.810,47 euros a vigilancia y comunicaciones «que nada tienen que ver con la actividad subvencionada».

Según expone el Ministerio Público, el imputado, «consciente de que los proyectos no podían llevarse a cabo ante la desviación de los fondos y las dificultades financieras de la fundación», pidió varias prórrogas para la ejecución de los proyectos de la subvención, cuando «la realidad era que la fundación no había ejecutado los proyectos más que de manera parcial y deficiente, y la transferencia de la misma se había gastado en otros fines». El día 25 de marzo de 2011, López Adán presentó ante el Ayuntamiento un escrito de renuncia de la subvención, que fue aceptada por la Junta de Gobierno a propuesta de la delegación de Relaciones Institucionales, pero a pesar de ello “ni devolvió el dinero, ni presentó cuenta justificativa de la misma, desconociendo el destino de los fondos de ésta y otras subvenciones menores».

En su escrito de acusación, el fiscal alude igualmente al programa para la adquisición de un horno incinerador para el cementerio de Colón de Cuba, que había sido adquirido por 34.500 euros, «lo que conllevaba un sobrecoste de 22.675 euros».

Asimismo, otro proyecto consistía en la adquisición de material informático con destino a La Habana, para cuyo traslado viajaron diez personas de CCOO por un importe de 9.875,27 euros. Así, los ordenadores se adquirieron el 30 de abril de 2009 y se pagaron el 19 de diciembre de 2012, «tres días después del abono de la subvención».

Para finalizar, concluye que, «como consecuencia de la desafortunada y fraudulenta gestión, no sólo del expediente 98, sino de otros y de la fundación en general, se creó un desequilibrio patrimonial de 1.510.617 euros», aseverando que «de tal guisa era la caótica gestión que a la liquidación de la fundación presentaba una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2011 de 16.000 euros y con la Agencia Tributaria de 83.673 euros».