La formación sigue empantanada cuatro años y cinco meses después

La Junta admite que no puede fijar un «periodo máximo» para poner el fin «definitivo» a la revisión de expedientes

Embebida de revisiones. Así se puede desprender que está la formación profesional para el empleo en Andalucía, a la luz del contenido del informe de cumplimiento de la moción relativa a ésta aprobada por el Pleno del Parlamento andaluz el pasado 15 de febrero. En ella la Cámara instó al Consejo de Gobierno de la Junta en primer término a culminar «en el plazo máximo de seis meses el proceso de revisión, justificación y fiscalización de expedientes de subvenciones» otorgadas en esta materia, que se prolongaba «desde hace ya más de cuatro años», pese a lo cual, se encontraban aún «pendientes de tramitación más de dos mil expedientes»; y a tomar «las medidas oportunas en cuanto al posible reintegro de cantidades percibidas en caso de detectar alguna irregularidad en la ejecución» de las ayudas para que no prescribiera el margen de maniobra. El Ejecutivo regional se metió en el barro de esa investigación interna tras saltar a los medios la apertura de procesos judiciales paradójicamente archivados ya en su inmensa mayoría y cuatro años y casi cinco meses después del visto bueno a la mencionada moción, aún no sabe cuánto más tardará en salir de él.

La Junta explica en su informe, publicado en el BOPA del 6 de julio y firmado por el consejero de Empleo, competente en formación, Javier Carnero, que «se ha puesto en marcha un plan de trabajo para terminar el proceso de comprobación de la documentación justificativa presentada por las entidades» adjudicatarias, con la intención de culminarlo «definitivamente» en «un plazo lo más breve posible». «Tanto servicios centrales como las ocho delegaciones territoriales se han dotado de un total de 83 funcionarias y funcionarios dedicados a las tareas de liquidación de estos expedientes de etapas anteriores», se añade, para admitir a continuación que «establecer un periodo máximo para la resolución definitiva de la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos no parece posible». Una imposibilidad que se achaca a «la naturaleza de los trabajos de examen de la documentación justificativa, que presentan diferente casuística en función de las circunstancias» de lo que aportó cada entidad agraciada con los fondos públicos. El consejero recuerda que la labor de comprobación de documentos «exige» el examen de los mismos, «con los requerimientos de subsanación que resulten oportunos, respetando los derechos que asisten a cualquier administrado en su relación con la Administración».

El Parlamento también pidió a la Junta que activara en el primer trimestre de cada año natural «todas las convocatorias de formación profesional para el empleo, en sus diversas modalidades», incluida la de 2018, y desde Empleo se replica ahora que «atender» este punto de la moción requiere que «por parte del ministerio correspondiente se garanticen a final de cada ejercicio los fondos con los que cuenta Andalucía para las políticas públicas de formación profesional para el empleo». Hay que ajustar las promesas. La Cámara puso el foco además en la ejecución presupuestaria y urgió al Gobierno regional a activar la formación con la ejecución «íntegra» de los distintos planes de ayudas. En relación a este asunto, en el documento de balance se asevera que respecto a la convocatoria para parados, las entidades receptoras han sido 338, «con una programación aprobada de 1.498 acciones formativas y un presupuesto» de «66.345.912,85 euros», lo que supondrá «22.320 personas desempleadas beneficiarias». Han comenzado «909» cursos (un 60%), en los que se forman «13.340» parados. Por lo que respecta a las escuelas taller y a los talleres de empleo, su convocatoria «se ha resuelto» con una asignación de «43,8 millones» para «69 escuelas taller y 107 talleres de empleo». Se formarán «2.640 alumnos», si bien hasta el momento «se han abonado 21 millones (un 64%)». Por último, en lo relativo a los ocupados, se alude a una Resolución de subvenciones de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, publicada en el BOJA el pasado 30 de abril, y se afirma que los créditos ligados a la misma «ascienden a 20,5 millones», 12,5 para este año y 8 para 2019. Se harán «1.293 cursos» con «19.395 trabajadores». El global de beneficiarios en los tres bloques será por tanto de 44.355.