«La gestión de Formades la ejercía la Junta y hubo contratos irregulares»

La corrupción es el fantasma al que se han tenido que enfrentar los dos gobiernos socialistas de Susana Díaz para lograr que, pese a los gestos y discursos, sus ecos no convirtieran los nuevos tiempos en viejos. El de la IX legislatura andaluza se dio de bruces con el presunto fraude en torno a los cursos de formación que ahora investigan múltiples juzgados de la comunidad, pero esto no significa que no hubieran saltado alarmas.

Vinculada a ese escándalo se encuentra la red de hasta 14 consorcios-escuela diseñada por el Ejecutivo regional que incluía a Formades, el ubicado en Almonte (Huelva) y disuelto al calor de las irregularidades en enero de 2014, como la mayoría de ellos. En el sumario que sobre este asunto arma el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla consta la declaración policial que como testigo prestó el pasado marzo el que fuera jefe de administración del mismo, J. L. M. R, que rezuma pistas sobre las anomalías.

Éste explicó a los agentes de la Guardia Civil que Formades estaba integrado en un 90% por la Junta y en el 10% restante por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana, si bien, «la gestión realmente la ejercía» la primera. De hecho, aseveró que, pese a que «se suponía» que la mancomunidad «debía aportar el 10% del Presupuesto», ésta «nunca lo hizo». Relató que el consorcio estaba «gobernado» por «el Consejo Rector», presidido por el director general de Formación y vicepresidido por el presidente de la mancomunidad, quien «no ejercía las labores de su cargo». Durante seis meses de 2012 «se delegó la Presidencia en el director gerente del SAE –Servicio Andaluz de Empleo–, Antonio González», quien no quiso asumirla, lo que provocó que hubiera «una época en la que nadie ejercía las labores de presidente», hasta que en abril de 2013 «se traspasaron las competencias a la Consejería de Educación –desde Empleo–».

Al margen de ese órgano, en los inicios de 2006 se creó «la Dirección de Gerencia» y se nombró para ocupar el «cargo político», que se designó «libremente», a Ana María Orihuela –ahora imputad–. Se mantuvo en él hasta 2011. El testigo expone que «todas las gestiones» que realizaba esa directora eran propuestas por ella y «fiscalizadas y firmadas por el interventor» y con el visto bueno del «presidente del Consejo Rector –con la excepción de las cuentas anuales–». Un procedimiento, el de las tres rúbricas, que «se siguió hasta 2008». Lo que «no quiere decir», matizó J. L. M. R., que «no hubiera irregularidades», pues «ya en 2006 se otorgaron contratos que sobrepasaban el límite» del considerado «menor», es decir, los 12.000 euros, como tales. Y la situación «se agravó» a partir de finales de 2007, «con los contratos de mantenimiento y mozos de cuadras que se firmaron con Manuel Ramírez –hijo de Orihuela– y de seguridad con Antonio Herrera y con Cristóbal Ojeda –sobrino de la directora gerente–», que además «se otorgaron directamente, sin petición de tres presupuestos ni concurso». A ellos, el testigo sumó como «contratos irregulares» de más de 12.000 euros, los de «manutención» suscritos con «una empresa de la que era propietario el veterinario de Formades, Juan Francisco Millán»; o los acordados con «Huarbec» para prestar los «servicios de limpieza»; y con la empresa «Instituto de Calidad», encargada de impartir ciertos cursos. Gastos que eran abonados «todos» con cargo a «las subvenciones a la formación que Formades recibió, pues ésta era la única fuente de financiación del consorcio», aseveró con rotundidad.

Luego, a partir de 2008, sucedió que se establecieron relaciones contractuales y se pagaron facturas «que se llevaron a firmar por el presidente del consorcio ‘a posteriori’». Es más, en 2010 el interventor se negó a avalar alguno de esos documentos– lo que no impidió que Orihuela les «diera trámite»– hasta que al final renunció a su puesto.

El testigo comunica a los agentes que avisó de esas anomalías, y tras preguntarle éstos si detectó alguna otra, apuntó que los gastos «se multiplicaron» y, por ende, las irregularidades, cuando en 2008 les concedieron «unas instalaciones mucho más grandes». A esto añadió la «compensación de partidas presupuestarias», en referencia a que si el importe concedido era menor que lo presentado en la propuesta y los cursos ya estaban iniciados, los fondos se extraían de «la partida de inversiones».