La guerra de precios en el transporte escolar se impone frente a las medidas de seguridad

Autobuses antiguos y precios por debajo de coste para atender las rutas escolares en Andalucía. Eso es lo que denuncia la patronal del transporte Fedintra que está ocurriendo con las contrataciones públicas para cubrir estos servicios, cuyos gastos en nuestra comunidad asume la Junta. El último concurso público para repartir las rutas de la provincia de Sevilla redujo a la mitad el precio inicial licitado por la Consejería de Educación: de 1,5 millones a 716.000 euros. Las líneas se adjudican al mejor postor. Los criterios de seguridad quedan relegados a un segundo plano, al suponer solo 20 de los cien puntos posibles; los otros 80 se otorgan a la oferta más barata.

«Para poder realizar esos servicios estás estrujando al trabajador, poniendo vehículos de calidad inferior, ya amortizados. Todo no puede ser precio, precio, precio. Tienen que valorar otros aspectos, como la edad de los vehículos», defiende Antonio Vázquez, presidente de Fedintra.

En esa línea trabaja también el Ministerio de Fomento. Se modificarán los criterios para las concesiones públicas de rutas de transporte de viajeros por carretera con el fin de primar las condiciones técnicas por encima del precio, según anunció en septiembre el ministro, Íñigo de la Serna. La idea es que prevalezca la sostenibilidad desde el punto de vista social, medioambiental y económico, destacando siempre la seguridad, la innovación y la calidad. Además, se apuntó la importancia de que el sistema de exclusión de bajas temerarias funcione correctamente mediante la inclusión en las licitaciones de los correspondientes anteproyectos técnico-económicos.

Para Vázquez, la necesidad de obtener algún ingreso en invierno frente a la gran actividad turística del verano tiene parte de responsabilidad en la cruenta competencia que establecen las propias empresas. «Muchas licitan a precios demasiado bajos. En eso estamos totalmente en contra. Las licitaciones públicas salen a precios de tanto alzado, no hay estudios de coste real y creemos que eso es ilegal. A veces van por debajo de costo», advierte. «Luego están las ‘guerrillas’ del sector, que en el transporte se producen más que en otros sectores», reconoce.

En su opinión, «muchas veces la Administración acepta cualquier cosa para admitir una baja desproporcionada. No se pueden ir a unos precios que después repercuten en los trabajadores y en la sociedad», lamenta. «Un autocar de 15 años tiene los mismos puntos que uno de tres meses. Es injusto. Al empresario que apuesta e invierte no se le valora. Eso traerá que la flota sea cada vez más antigua». De hecho, el porcentaje de autobuses con diez años o más que operan en la comunidad se ha incrementado en diez puntos en la última década, situándose en más del 51%. El límite para emplearlos en el transporte escolar son 16 años.

Fedintra admite que el mayor enemigo está en casa. «Somos un sector poco formado y hay quien no saca sus números y luego no pueden hacer los servicios. La consecuencia al final es que se da un mal servicio o hay que dejarlo, por eso no puede aceptarse todo», insiste.

Su propuesta pasa por volver al modelo anterior, con unas tarifas mínimas preestablecidas por kilómetro según la longitud de las rutas y el tipo de vehículo empleado. Así fue hasta 2012. «Queremos que se ponga un precio por kilómetro y unos costes mínimos, de cuatro horas al día, por ejemplo. No puede ser que si la ruta es una hora por la mañana y otra por la tarde, se valore exclusivamente ese tiempo. ¿Con un contrato de dos horas puede vivir una persona? Para un transporte escolar qué menos que te concedan cuatro horas de trabajo para poder amortizarlo».

La primera toma de contacto con la Consejería de Educación en este sentido se produjo esta semana. Según Fedintra, recibió una negativa a negociar ese punto. «Dicen que volver a valorar cada ruta supone mucho esfuerzo. La Junta es uno de nuestros principales clientes, estamos condenados a entendernos», asegura Vázquez. Los servicios escolares, recuerda, son la actividad principal de pymes de pueblos pequeños que de otra forma cerrarían. Según relata, «la Administración nos ha amenazado con darle el servicio a las AMPA (asociaciones de madres y padres de alumnos) y que ellos contraten».

Para el presidente de Fedintra, si esta dinámica continúa será imposible cuadrar las cuentas para muchas empresas. El coste de un autocar nuevo es de 250.000 euros. Si no se renueva, hay menor seguridad pero también menos gastos. «Para cubrir costes se recurre a contratos basura o son los propios dueños o sus familiares quienes conducen. Otra estrattegia es recurrir a vehículos antiguos, ya amortizados. Eso lo sufren los críos y al final lo sufrirá la comunidad autónoma».