La inclusión a medias de Natalia

La familia sevillana de una alumna sorda de secundaria reclama a la Junta un seguimiento de recursos como el de intérprete. La falta de sensibilidad y empatía aisla y angustia a la menor

La discapacidad auditiva multiplica las posibilidades de fracaso escolar. Andalucía fue una de las comunidades que más apostó por cubrir las especiales necesidades educativas de los alumnos sordos para facilitar su integración en el sistema. Entre los recursos ofertados por la educación pública andaluza se encuentra el de intérprete de lenguaje de signos, cuyo objetivo es «compensar el déficit comunicativo de las personas sordas dentro del ámbito educativo en orden a favorecer su proceso de aprendizaje». Aun así, la denominada discapacidad silenciosa supone un enorme hándicap para la inclusión total. Como a los profesores y al resto de profesiones educativas, al intérprete se le presupone un profundo interés vocacional. Pero no siempre es así. La familia sevillana de una alumna de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con pérdida total de la capacidad auditiva reclama a la Junta de Andalucía la elaboración de un protocolo que permita a la Inspección un seguimiento de los recursos ofertados como el de intérprete, al comprobar la «angustia» que su hija acumula desde que arrancó el curso 2017-18 por culpa de la falta de sensibilidad y «empatía» por parte del profesional, que termina aislándola de sus clases. La Consejería de Educación ha denegado la petición de cambio de intérprete.

Natalia, a sus 13 años de edad, es un ejemplo de superación y también para sus compañeros. La menor cursa segundo de la ESO en el IES Murillo de la capital hispalense. Se trata de una estudiante muy aplicada desde pequeña. «Nunca ha tenido problemas, siempre ha sacado buenas notas», recuerda su madre, María José. Por supuesto, requiere de los recursos marcados por su discapacidad. Sus padres no esconden que Natalia es una «privilegiada» dentro del sistema escolar andaluz por contar desde el curso pasado con un profesor de apoyo y un intérprete de lenguaje de signos, con los que trabaja distintas áreas. La concesión de estos servicios supuso una ardua tarea para la familia que desea que explote al máximo, de ahí que alce la voz al detectar una infrautilización de los mismos y, lo que es peor, una actitud poco receptiva por parte de la administración para resolver problemas que pueden terminar afectando de forma grave a la menor.

Los intérpretes se encargan de reproducir las explicaciones del profesor y en teoría hablan con los padres, acuden a reuniones, a tutorías y requieren una preparación de las clases para signar correctamente. Aunque el inicio del curso se realizó de forma «normal», la madre de Natalia argumenta que con el paso del tiempo fue notando «cosas raras» y «cierto rechazo al intérprete, sin especificar qué sucedía». Según la familia, la alarma la dieron los propios compañeros. La propia alumna debía ir a la búsqueda del intérprete porque llegaba tarde, algo que se corrigió tras una charla con la dirección del centro. Pero la situación sigue sin ser la idónea. «Detectamos que no tiene empatía con nuestra hija, no es una persona cercana y ella tiene que estar encima para que le traduzca qué dicen los compañeros en las clases, tiempo en el que utiliza el ordenador o el móvil», asegura. La alumna sufre un «gran desgaste emocional, no entiende qué pasa». Dejó de ir al cole la semana previa a la Navidad y en la vuelta la situación no ha cambiado. El profesorado no ha detectado nada y la delegación ha denegado el cambio de intérprete y esta madre se pregunta: «¿Tenemos que esperar a que mi hija caiga en una depresión?». María José lamenta, además, que «la inspección no conoce cómo funciona el lenguaje de signos» y ha sido ella quien ha tenido que «explicar las funciones que ha de cumplir. Tengo que orientar yo a todo el mundo». Por ahora, sin resultados.

Un servicio externalizado, un colectivo reivindicativo

El servicio de intérprete de lengua de signos está externalizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el colectivo, alrededor de 150 trabajadores, ha protagonizado en los últimos tiempos diversas movilizaciones de protesta por sus condiciones laborales. Las quejas vienen por el sistema de contratación de la Administración. El colectivo pide el reconocimiento de sus funciones laborales y de la justificación pedagógica de las horas de preparación que se requieren para signar adecuadamente términos técnicos de cada asignatura. Incluso el curso pasado organizaron dos jornadas de huelga. Dependiendo de la oferta económica que realice la empresa adjudicatoria se modifican las condiciones económicas de los contratos. En realidad, un sistema que la administración repite con los servicios complementarios como los monitores de educación especial, de comedor o de transporte.

Se calcula que los intérpretes de lengua de signos atienden a más de doscientos alumnos sordos, repartidos en un centenar de centros educativos de Andalucía. La Ley 27/2007 reconoció la cooficialidad de la lengua de signos, mientras que la LOMCE y la Ley de Educación de Andalucía garantizan la atención inclusiva y universal de las alumnas y alumnos y la Ley 11/2011 establece la lengua de signos como vehicular para las personas sordas.