La inspección médica obliga a incorporarse a más de la mitad de los trabajadores de baja

Reducir las bajas laborales y, si es necesario, dar de alta de manera forzosa a los trabajadores. Ése es el eje sobre el que giró el Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta, en concreto, su apartado sobre incapacidad laboral. Con ese horizonte el año pasado se saldó con 74.858 empleados obligados a incorporarse a su puesto por decisión de la inspección médica de los 135.822 inspeccionados. Es decir, el 55,1%, más de la mitad. En total, en Andalucía se registraron 528.221 bajas laborales hasta diciembre pasado, según los datos facilitados a LA RAZÓN por la Consejería de Salud, y uno de cada cuatro trabajadores fue sometido a control externo a su médico para valorar la idoneidad de su baja.

Es habitual que el Plan de Inspección incluya como un punto específico el objetivo de reducir las bajas laborales tanto en el ámbito referido a los funcionarios como a los trabajadores en general que cotizan en el régimen de la Seguridad Social. En este sentido, llama la atención que en el documento se equiparen las bajas médicas a «absentismo laboral», definido como «costumbre o práctica habitual de no acudir al lugar donde se ejerce una obligación, en especial al trabajo o a la escuela» por la Real Academia de la Lengua.

Para el pasado año, se determinó mantener un especial celo en el control sobre trabajadores con una incapacidad con duración inferior a 12 meses –extremo que se repite en este ejercicio–, una tarea que desempeñan las Unidades Médicas de Valoración de Incapacidades (UMVI), dependientes de la Junta, en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Las instrucciones dadas señalan que dicho seguimiento se establecerá «a través de visitas domiciliarias, así como a través de controles indirectos mediante revisión con el médico de Atención Primaria que atiende al paciente».

Un segundo punto centraba la atención en disminuir el «absentismo de corta duración» en la población general, con «un especial control procesos de incapacidad temporal (IT) cuya duración prevista es inferior a 31 días, mediante la utilización de controles directos e indirectos, disminuyendo la prevalencia y duración media de los mismos».

El personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) –tanto de centros hospitalarios como de la empresa sanitaria pública– fue objeto también de un seguimiento específico por parte de la Junta con la intención de rebajar el índice de bajas por enfermedad. En este sentido, el plan detalla que «se procederá a dar continuidad al programa específico para el control de la IT en centros sanitarios» del sistema público.

La plantilla de los centros sociales de titularidad de la Junta se convirtió en foco de atención durante el pasado año, igualmente con la intención de disminuir los días de baja de los trabajadores.

El personal funcionario de la Administración andaluza fue la penúltima de las patas en las que se centró el Plan. En todos los casos, el único objetivo planteado es reducir el tiempo de las bajas sin especificar nada más acerca de la metodología a seguir. Son los únicos que sufren además la aplicación del artículo 14 de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de medidas para el reequilibrio económico-financiero de la Junta, o lo es lo mismo, un recorte en la nómina que penaliza a quienes tienen que estar de baja médica por un corto período de tiempo. Los tres primeros días, en «supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral», suponen cobrar la mitad del sueldo. A partir del cuarto y hasta el vigésimo, el «tijeretazo» es del 25%.

El Plan de Inspección para este año fue aprobado el 29 de febrero por la Consejería de Salud. Entre los planteamientos, figura la valoración médica de los funcionarios para la percepción del 100% del complemento de IT. La Consejería establece además objetivos mensuales para los distritos sanitarios, de tal modo que les remite una evolución de los resultados a nivel provincial y autonómico «para que sirvan de referencia». Salud alude a la necesidad de disminuir «la prevalencia y duración» de las incapacidades temporales «mediante la actuación de controles directos e indirectos» dirigidos a la «población en general» que se acoja a bajas de menos de un mes.