La Intervención detecta anomalías en dos expedientes de Faasa

Inició las inversiones antes de solicitar los incentivos, lo que podría provocar su reintegro

El juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla hizo un requerimiento de información a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) relativo a las subvenciones públicas que ha recibido la empresa Faasa Aviación en el proceso en el que se investiga un concurso vinculado a la contratación de medios aéreos para el Infoca. Los fiscalizadores ya han remitido el informe centrado en siete expedientes de incentivos gestionados por la Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por un importe de 9.538.484,09 euros y que rubricó el pasado 6 de abril el interventor general, Vicente Fernández.

Los técnicos de la Junta concluyen que los expedientes se concedieron «conforme a los procedimientos» establecidos «en las órdenes que eran de aplicación» para adjudicarlos, que la empresa «cumplía los requisitos» para ser beneficiaria de los mismos, que las cuantías asignadas estaban «dentro de los porcentajes máximos fijados en los decretos que regulaban las ayudas regionales para cada periodo», que la mercantil aportó «como mínimo un 25 por ciento de fondos propios para la financiación de los proyectos en que era exigible» la inversión privada y que los incentivos con los que se la regó eran compatibles entre sí. Pero han detectado alguna irregularidad.

Los peritos de la Intervención avisan al juzgado que dirige la jueza María de los Reyes de Flores de que en dos proyectos rotulados como «Faasa ante un nuevo camino: la modernización y la innovación su gran reto» y «Faasa abre fronteras», la empresa «no habría venido a cumplir el ‘efecto incentivador’» obligatorio al «haber iniciado sus inversiones con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes» de los fondos públicos. En el marco del primero, la Administración andaluza aprobó tres incentivos, uno de 3.087.472,91 euros, otro de 70.484, 53 y un último de 170.080, 67; en global, 3.328.038, 11 euros. En el ámbito del segundo, se le dieron a la mercantil cordobesa 907.200 euros, más otros 224.044,72, en conjunto 1.131.244,72 euros.

La anomalía señalada por los interventores implicaría que, «de conformidad con la doctrina emanada de los tribunales –aunque no existe jurisprudencia al efecto, en el sentido estricto del artículo 1.6 del Código Civil, según precisan– habría de terminar, al menos en línea de principio, un reintegro de la totalidad de la ayuda», sostienen en su informe, al que accedió LA RAZÓN.

En ese documento se hace referencia, asimismo, a una cuestión planteada por la Policía Judicial en uno de los oficios que forman parte del sumario del que ya informó este diario: ¿debe catalogarse a Faasa de pyme? La IGJA cree que Faasa sí «tuvo la consideración» de tal, respecto a los periodos de las ayudas analizadas, de acuerdo con «los criterios de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003».

«Cumplíamos los requisitos»

Fuentes de Faasa quisieron dejar claro ayer que si le otorgaron los incentivos públicos es que porque «cumplía los requisitos para ello». Recuerdan que la empresa ha invertido «145 millones de euros» desde 2005 hasta una actualidad en la que cuentan con presencia «en cuatro países –España, Chile, Italia y Perú–» y con una plantilla de «400 trabajadores».