La jueza bloquea 11 cuentas de Magrudis, ninguna a nombre del dueño real

La fábrica produjo entre abril y agosto 38.000 kilos de carne pese a que “al menos desde febrero” supo que tenía contaminación por listeria

La jueza ha ordenado el bloqueo de once cuentas bancarias y la incautación de seis automóviles de los responsables de Magrudis, todo ello a nombre de Sandro y Mario Marín, hijos del gerente de la empresa causante del brote de listeria, José Antonio Marín, en prisión provisional desde el jueves junto a su hijo Sandro. Durante el interrogatorio ante la instructora, el dueño real de Magrudis reconoció que ponía los bienes y empresas a nombre de sus hijos porque tenía deudas de negocios anteriores, ya que desde 1993 se dedicaba a la venta de productos cárnicos, aunque fue en 2013 cuando se metió en la fabricación.

La orden de la jueza, fechada el 23 de septiembre -un día antes del registro de las instalaciones y dos viviendas que acabó con el arrestado de padre e hijos junto a otras dos personas- abarca el bloqueo de las cuenta, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenidos de cajas de seguridad, joyas u otros bienes pignorados o activos financieros, existentes a favor de los investigados. La jueza insta a revocar toda transferencia pendiente de tramitación y vencimientos de pago de recibos domiciliados. Las entidades financieras están obligadas a informar a la Guardia Civil de cualquier entrada de dinero en dichas cuentas.

En concreto, según informó ayer Facua -la única acusación particular de momento en la causa pese a que la Junta anunció su intención de personarse- se han bloqueado los saldos de cinco cuentas a nombre de Sandro Marín, dos de Mario, dos de Magrudis -empresa en la que Sandro figura como administrador único- y dos de Elaborados Cárnicos Mario -que consta a nombre del hijo menor-. En cuanto a los vehículos, además de la furgoneta de reparto que requisó la Guardia Civil en el registro de la empresa, se han incautado cuatro turismos a nombre de Magrudis y uno de Sandro Marín. El objetivo es asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la investigación judicial, ya que el seguro contratado por Magrudis con AXA sólo alcanza los 300.000 euros. Desde Facua recuerdan que, según sus indagaciones, José Antonio Marín no tiene ningún inmueble de su propiedad en toda España.

Padre e hijos pasaron el jueves a disposición de la jueza, que dejó en libertad a Mario y envió a prisión de José Antonio y Sandro Marín, a los que atribuye inicialmente un delito contra la salud pública, tres homicidios imprudentes (por las tres víctimas mortales del brote), dos abortos (las autoridades sanitarias tienen confirmados siete muertes fetales vinculadas a la cepa de la bacteria contenida en la carne mechada de Magrudis) y lesiones.

Uno de los factores que llevaron a Facua y a la fiscal a pedir prisión para José Antonio y Sandro Marín es que las escuchas telefónicas a las que fueron sometidos desde principios de septiembre revelan que tenía conocimiento «al menos desde febrero» de la presencia de listeria en su fábrica (la alerta sanitaria se decretó el 15 de agosto), pese a lo cual continuaron produciendo y comercializando sus productos sin comunicarlo a las autoridades sanitarias y sin que conste que tomaran medidas. Y ello porque fueron avisados de que un lote de su carne mechada, de diciembre de 2018, había provocado síntomas a varios asistentes a un bautizo en la provincia de Huelva. Por ello Sandro llevó al laboratorio Microal dos muestras para analizar, una de las cuales dio positivo, información que ocultaron a las autoridades tras la alerta y que el laboratorio comunicó al juzgado. Según fuentes del caso, entre abril y agosto de este año, Magrudis fabricó 38.000 kilos de carne.

Facua instó a estos afectados a que salgan a la luz al considerar que su testimonio puede ser relevante no sólo sobre la responsabilidad de Magrudis sino de las autoridades sanitarias si algunos fueron al médico y se les diagnosticó listeriosis, que es de declaración obligatorio y en la que, según el portavoz de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, cuando se produce una acumulación de varios casos coincidentes en tiempo y lugar «ya se considera un brote». A la organización de consumidores han llegado ya 96 personas que padecieron síntomas tras comer la carne mechada y al reclamarles informes médicos para tramitar sus denuncias, Sánchez denuncia que a muchos no les hicieron el hemocultivo de la listeria incluso después de decretarse la alerta. También el bufete Ateneo Abogados, que representa a una plataforma de afectados, tiene 26 casos a la espera de informes médicos, ya ha presentado cuatro querellas y ayer sumó una quinta de una mujer que también abortó antes de la alerta, el 1 de abril, tras consumir la carne en febrero (el periodo de incubación llega hasta 70 días).

La Junta reclamará el coste sanitario

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, aseguró que la Junta hará una «reclamación de cantidad» del coste sanitario derivado del brote de listeriosis en la comunidad cuando «se levante la alerta sanitaria». En el auto de prisión de José Antonio y Sandro Marín, la jueza señala que sólo en los hospitales sevillanos Virgen del Rocío y Macarena el gasto derivado de la atención a los afectados asciende a 800.000 euros. En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el consejero señaló que su departamento sabe el coste aproximado de gasto asistencial derivado de la crisis pero la cantidad exacta no se podrá determinar «mientras no se levante la alerta sanitaria» ya que aunque el brote está en remisión, aún hay personas hospitalizadas, si bien dejó claro que se «reclamará sin duda». Una alerta que dijo se levantará «cuando corresponda» siguiendo los «estándares internacionales».