La jueza de los ERE abre la puerta a ajustar las fianzas millonarias de Alaya

En el ovillo que se teje y se desteje en el que se ha convertido el «caso ERE», la titular del juzgado que lo instruye, el número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha encontrado una nueva punta. En una providencia fechada el 16 de septiembre a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada acepta parcialmente las peticiones que la representación procesal de la mercantil Riogrande Sevilla SL y su administradora Carmen García, planteó en torno a la fianza de más de 1,9 millones que impuso a su cliente la antecesora de Bolaños, la jueza Mercedes Alaya.

La defensa pretende que la cuantía se recalcule y en un escrito registrado el 30 de junio subraya, entre otras cuestiones, la contradicción que supone establecer unas fianzas tan elevadas como las existentes en esta causa, considerando para ello el importe total de las primas pagadas a los trabajadores, y que luego no se les reclame a éstos ni a la Seguridad Socias las ayudas que están cobrando, pese a ser cantidades supuestamente ilícitas. Es decir, cuestiona el criterio de Alaya de entender «malversadas todas las cantidades correspondientes a todas las prejubilaciones abonadas a los ex trabajadores de Riogrande Sevilla SL en virtud del ERE» que llevó a cabo en 2005.

«Si no se ha solicitado la paralización del pago de las prejubilaciones ni el reembolso de las mismas es porque son legales y no deben formar parte de la instrucción», señalan en su escrito, para añadir: «Cualquier otra interpretación conllevaría una difícil justificación para la actuación procesal de los responsables de la Junta, del propio Ministerio Fiscal y del instructor». Y es que entienden que, siguiendo las directrices del Tribunal Supremo –que participó en el caso por la implicación en él de aforados como los ex presidentes Chaves y Griñán– «se hace necesaria la revisión de todas y cada una de las prejubilaciones» del ERE de Riogrande para determinar si «se daban los presupuestos sustantivos de fondo para su concesión, con independencia del procedimiento empleado» para ello. Para solventar ésa y otras cuestiones, esta defensa pidió la práctica de una hilera de diligencias de pruebas.

Ahora Núñez Bolaños quiere que el Gobierno andaluz certifique «de forma individualizada» los pagos realizados a una docena de empleados de Riogrande Sevilla «como consecuencia de las ayudas aprobadas en el Expediente de Regulación de Empleo 21/2005», así como «las cantidades pendientes de abono» a los prejubilados de esa sociedad.

A ello suma que el Ejecutivo regional informe, a través de su representación procesal, sobre si «se ha iniciado expediente administrativo alguno de devolución de cantidades indebidamente abonadas», dirigido contra la empresa, o contra cualquiera de los empleados; y sobre si se ha arrancado «expediente administrativo alguno de devolución de cantidades indebidamente abonadas o tendente a la recuperación de las mismas» por lo pagado en «concepto de cotizaciones dimanantes de un Convenio Especial de Cotización a la Seguridad Social firmado entre los trabajadores prejubilados de Riogrande Sevilla SL y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)». «Bien sea dirigido –matiza en la providencia– contra la TGSS o contra cualquiera» de los doce trabajadores señalados.

Por último, la instructora acuerda librar oficio a la mencionada Tesorería General de la Seguridad Social para que aclare cuántos de esos ex empleados «tienen suscrito un Convenio Especial de Cotización», el global de «las cuantías abonadas por tal concepto» hasta la actualidad y «las comprometidas hasta la fecha de jubilación de cada trabajador y el pagador de las mismas». Núñez Bolaños no acepta, sin embargo, otra de las pretensiones del abogado de García y dictamina que «no ha lugar a llamar a los trabajadores prejubilados como responsables civiles».

En el ámbito del «caso ERE» Alaya ha fijado fianzas millonarias, siendo la más elevada la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández –807 millones–; seguida de la del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero –686–. La propia jueza cifró, en la exposición razonada que elevó al Supremo, el desvió de fondos fraudulentos en 855 millones de euros, de los que, según fuentes de la causa, unos 700 se corresponderían con prejubilaciones legales.